La justicia había dispuesto embargos por 200 mil pesos a los principales responsables. Ahora se ratificó que deberán cubrir la suma de 7 millones de dólares.
La Justicia de Neuquén hizo lugar a los recursos presentados por la fiscalía y las querellas y anuló lo resuelto por el Tribunal de Impugnación respecto a las cautelares patrimoniales para los responsables de Comarsa. Dos meses atrás, se habían dispuesto embargos irrisorios por 200 mil pesos, por lo que ahora deberán cubrir la suma de 7 millones de dólares.
El tratamiento inadecuado de los residuos petroleros puede generar graves daños ambientales y la denuncia a la empresa Comarsa fue una de las más resonantes, acusada de contaminación ambiental en la zona de parque industrial.
El caso dio varias idas y vueltas en cuanto a los embargos, que inicialmente se dispusieron en 7 millones de dólares. En mayo, la decisión de la Justicia de embargar a dos de sus responsables por apenas 200 mil pesos generó indignación en la comunidad, luego de que un fallo del Tribunal de Impugnación benefició a la compañía con el fin de esos embargos que originalmente se habían hecho.
Ahora, nuevamente, se ratificaron los embargos y las inhibiciones generales de bienes de la empresa hasta cubrir la suma de 7 millones de dólares.
La causa que se investiga
Los hechos que investiga la fiscalía ocurrieron a partir de 2014, en el predio de Comarsa (Compañía De Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima) en el parque industrial de Neuquén.
En ese momento, la empresa se comprometió a recibir y someter a tratamiento residuos semi-sólidos, consistentes en lodo contaminado con hidrocarburos, mediante un horno de desorción térmica y, luego, mediante otras técnicas. Para la fiscalía, esas tareas se cobraron pero no se cumplieron ni se registraron como deudas a cubrir y, según imputó en la formulación de cargos, “esto permitió a la empresa simular ganancias y justificar la distribución de honorarios y dividendos”.
La fiscalía les formuló cargos por los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública al presidente desde el 1 de abril de 2014, accionista mayoritario y controlante de Comarsa; al director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, pero que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y que tuvo funciones delegadas de administración y control; y a quien entre principios de 2013 y septiembre de 2016 fue gerente general y responsable técnico de la firma, tenía la dirección del personal a su cargo. La imputación de los dos primeros es como coautores, mientras que al último se le atribuyó una participación necesaria.
El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Julieta González formularon cargos el 15 de febrero y, tras precisar la acusación, habían solicitado el embargo por 7 millones de dólares sobre los bienes de los dos imputados con vínculos directos con la empresa, no sólo para cubrir el saneamiento que eventualmente se deberá realizar en el predio que está rodeado de barrios, sino para resguardar el patrimonio que se pudo haber incrementado producto de la maniobra. Basaron el planteo en el artículo 23 del Código Penal y la jueza de garantías Carina Álvarez hizo lugar al pedido.
Además de la unidad fiscal de Delitos Ambientales, la acusación está integrada por dos querellantes particulares: la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Asociación por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH).
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