El Comité contra la Tortura comenzará a inspeccionar las cárceles de Neuquén

Con el objetivo de dar a conocer los avances que se vienen realizando, el gobernador Omar Gutiérrez se reunió con los integrantes del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El mencionado comité está conformado por Silvia Couyopetrou, docente en contexto de privación de la libertad e integrante de la Dirección de Penas Alternativas; Roberto Samar, director general de Coordinación de la Subsecretaría de las Mujeres de la provincia; Néstor Giménez, representante de la Cooperativa de Trabajo "La Libertad"; Estefania Buamscha, directora general del Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género; Pablo Scattiza, historiador e integrante de Zainuco y Pablo Meuli.

Al respecto, el historiador Pablo Scatizza explicó que “empezamos a trabajar en este año y el objetivo principal es monitorear y hacer inspecciones en unidades de detención, en asilos de ancianos, en todos aquellos lugares donde haya personas privadas de su libertad, que pueden ser también hogares menores”. Agregó que "luego se elevarán informes y se proponen políticas públicas para prevenir la tortura”.

Precisó que “la idea es aprovechar estos meses para terminar de constituirnos y comenzar con la principal tarea que es el del monitoreo, y también llevar a cabo talleres de capacitación con autorización para la divulgación de las problemáticas que tienen las los lugares de encierro, siempre pensando en que las personas detenidas lo que pierden es su libertad ambulatoria, no sus derechos humanos”.

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Gutiérrez mantuvo una reunión con los integrantes del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.

La Legislatura provincial aprobó la Ley de creación del Comité que se reglamentó por decreto en diciembre de 2021. En su artículo 13 determina que sus gastos de funcionamiento estarán previstos en el presupuesto general de la administración provincial, mientras que el decreto reglamentario señala que el comité deberá proyectar su presupuesto todos los años y enviarlo a la Legislatura para su aprobación.

En esta oportunidad, para 2024 se proyectó una suma de 54,4 millones de pesos bajo cuatro ejes de trabajo: monitoreo e inspección; recepción de denuncias y sistematización de la información; comunicación y capacitación; y relaciones interinstitucionales.

Cabe señalar que la Ley 3213 considera tortura a "todo acto por el cual se infligen intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves físicos o mentales para obtener de ella o de un tercero información o una confesión, para castigarla por un acto que cometió o que se sospecha que ha cometido, para intimidarla o coaccionarla a ella o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público o por otra persona en ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento".

Objetivos del comité

Entre los objetivos del comité se encuentran el de diseñar y proponer campañas públicas de concientización sobre la problemática de las personas en situación de encierro, la organización de talleres, encuentros o seminarios de capacitación dirigidos a agentes policiales, penitenciarios y judiciales, y a personal relacionado con la temática de las personas privadas de libertad, elevar un informe público anual a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre las tareas y actividades realizadas durante el año, las condiciones de detención de las personas privadas de libertad y la evolución de la realidad carcelaria.