El mundo cultural neuquino en alerta por la ley ómnibus de Javier Milei
Diversos sectores culturales y artísticos se expresaron contra el paquete de leyes del Presidente que implicaría, el cierre de los organismos culturales como el Fondo Nacional de las Artes y la derogación de la ley del libro, entre otros.
La Ley Ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso este miércoles puso en alerta al universo cultural neuquino como ocurrió en el resto del país. El proyecto de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos” presentado ante la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, en su capítulo 3 dedicado a "Cultura" detalla no sólo la eliminación del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA) sino también importantes modificaciones al funcionamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), y del Instituto Nacional de la Música (Inamu). Además se propone quitar fondos a las bibliotecas populares y derogar la ley de Defensa de la Actividad Librera, que establece un precio uniforme de venta al público de libros.
Cabe señalar que el sector cultural aporta a la economía de Argentina. En 2020 el valor agregado cultural fue de 410 mil millones de pesos, equivalente al 2,4 por ciento del PBI del total, según el Sistema de Información Cultural de la Argentina.
"Esta ley es una desgracia", aseguró Mariana Sirote, pionera de la danza contemporánea en Neuquén, al ser consultada por LMNeuquén sobre el proyecto del Ejecutivo. "Los organismos públicos durante muchos años permitieron a los artistas desarrollar y generar cultura en todas las provincias, en todo el país", señaló al analizar la propuesta de la derogación del Fondo Nacional de las Artes, un organismo autárquico que a lo largo de los años ha promovido y desarrollado la producción de artistas de todo el país financiando su formación y creación de obras. También de aprobarse la ley desaparecería el Instituto Nacional del Teatro, que determina que la actividad teatral por su contribución al afianzamiento de la cultura debe contar con promoción y apoyo del Estado nacional.
"Mucha gente no conoce lo que pasó con el instituto a lo largo de estos 25 años que fue una revolución que se hizo en el país a nivel producción escénica y de salas. Estoy hablando del arte independiente no de los espectáculos comerciales. Porque el arte independiente lamentablemente no recibe apoyos privados sino que se hace de forma cooperativa, de relaciones y vínculos que producen los mismos artistas y con subsidios para nada millonarios sino todo lo contrario", explicó.
El gobierno de Javier Milei busca la derogación del decreto que creó el Fondo Nacional de las Artes. "Si va a faltar eso también, será muy difícil producir arte y será un retroceso gigantesco porque el arte es indispensable para la vida del ser humano. Todo indica que al actual gobierno lo que no rinde dinero, no sirve", puntualizó Sirote quien este año recibió el Premio Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, un reconocimiento para los creadores y gestores culturales que hicieron un aporte fundamental a la identidad del país.
Sirote expresó su entusiasmo por la reacción que generó en todos los sectores culturales que serían afectados el rechazo de estas medidas. "Más allá de que estamos todos movilizados y que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esto no se apruebe, creo que los diputados de cada provincia tienen que estar a la altura de este momento crucial. La gente a la que le interesa el arte y la cultura tenemos que impedir esto", manifestó.
"Todo esto es muy grave, no tengo manera de calificarlo", sostuvo Martín Ferrari, director del Ente Cinematográfico de Neuquén (ENCINE), al referirse al proyecto de ley que propone la eliminación del financiamiento que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales obtiene en la actualidad a través del Ente Nacional de Comunicaciones por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de sus principales fuentes de recursos.
El artículo 565 de la ley impulsada por el gobierno nacional elimina la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), con sedes en varias provincias del país, incluida en Patagonia Norte. "Esto afectaría a la educación pública gratuita y de calidad que tienen las ENERC en todas las sedes. Ayer (por el miércoles) me comuniqué con el rector y palabras textuales me dijo que si esto se aprueba desaparece la ENERC", expresó conmovido.
Ferrari comentó que "no podemos creer tamaña actitud dictatorial por parte del gobierno nacional porque las leyes se aprueban en el Congreso con los representantes elegidos por el pueblo. A 40 años del retorno de la democracia esto es retroceder a lo que ocurría en la dictadura militar con las manifestaciones culturales que eran prescindibles". Lamentó que con estas decisiones "se pierda una escuela de cine, una de las más prestigiosas que tiene Latinoamérica y que funciona en distintas provincias como así también en la provincia de Neuquén".
"Un certificado de defunción para el sector del libro"
La derogación de la Ley del Libro, que establece el precio único de venta al público (PVP) para las publicaciones, incluida en el proyecto de Ley Ómnibus que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, entre otras propuestas, es una medida que perjudica a la industria editorial, en especial a las pequeñas librerías y editoriales independientes. La Cámara Argentina del Libro alertó que la derogación de la ley haría colapsar a toda la cadena de valor del libro, sobre todo a los eslabones más débiles. Según esta normativa, los editores, importadores o representantes de libros fijan un precio uniforme de venta al público o consumidor final de los libros que edite o importe. Es decir, los libros tienen el mismo precio en cualquier librería física. Lo mismo sucede con las ediciones digitales.
El editor neuquino Mauricio Bertuzzi, director de Ediciones Con Doble Zeta, señaló que "todo el ecosistema del libro argentino está muy sostenido por políticas públicas a través de subsidios, leyes, entre otras. Sacar la acción del Estado sobre la cultura será mortal. Para el sector del libro va a ser una especie de certificado de defunción".
El artículo 60 del capítulo I, dentro del título "Reorganización económica", que deroga la Ley Nacional 25.542 que establece que los editores deben fijar el precio de venta de los libros que publican y que eso debe respetarse en todos los puntos de venta. En el marco de esta ley han surgido muchas editoriales que aportan a la bibliodiversidad. "Derogar esa ley lo que va a permitir es que las grandes cadenas internacionales o transnacionales ingresen en un comercio matando a las librerías y pequeñas editoriales", precisó. "Las editoriales independientes o pequeñas no vamos a poder competir con nadie porque nos cuesta muchísimo ingresar a una cadena de distribución por el nivel de manejo que ellos tienen del porcentaje de bonificación que uno tiene que dejarles por tener los libros en sus librerías", describió.
Por otra parte, sostuvo que en este contexto se suman dos agravantes: "la desaparición del Ministerio de Cultura de la Nación y la del Ministerio de las Culturas de la provincia de Neuquén que en este cambio de gobierno pasó a subsecretaría, lo que implica no solo un recorte de estructura sino también de presupuesto".
"Que Argentina tenga más de 1500 librerías, muchas de ellas usinas de cultura independiente, es también gracias a la ley del PVP, no a la derogación de la ley 25542", sostuvo el editor neuquino.
En Argentina hay más de 1500 librerías y más de 2000 editoriales registradas, de las cuales el 80 por ciento son pymes que producen 6 de cada 10 novedades, según datos de la Cámara Argentina del Libro. La mayor parte de esas publicaciones se venden en librerías. De estas publicaciones el 77 por ciento fueron hechas por pymes. Además, 9 de cada 10 libros se imprimieron en el país. La cadena del libro brinda trabajo a miles de personas en todo el país.
En caso de prosperar la derogación de la ley, los pequeños negocios y librerías chicas deberán salir a negociar un descuento frente a las grandes cadenas de libros, que al poder comprar en mayor cantidad, pueden conseguir mejores descuentos y así vender los libros más baratos. Por eso Santiago Rivas, de la librería Libracos, ubicada en calle Corrientes 282 de esta ciudad, precisó que "derogar estas leyes es peligroso porque esas leyes se hicieron con la participación de los sectores involucrados, por lo tanto esto es llevarse por delante todas las voluntades de los sectores que participaron para esa ley y lo único que buscan es beneficiar a las grandes economías y a privados que terminan rompiendo el ecosistema de las librerías".
"He escuchado a quienes defienden esta ley que de esta manera los precios de los libros van a bajar. Es un chiste. Lo que va a suceder es que sí van a bajar los precios de los libros porque la librerías vamos a tener que liquidar los libros para bajar la cortina en forma definitiva", explicó Rivas.
En Argentina hay más de 1500 librerías y más de 2000 editoriales registradas, de las cuales el 80 por ciento son pymes que producen 6 de cada 10 novedades, según datos de la Cámara Argentina del Libro. La mayor parte de esas publicaciones se venden en librerías. De estas publicaciones el 77 por ciento fueron hechas por pymes. Además, 9 de cada 10 libros se imprimieron en el país. La cadena del libro brinda trabajo a miles de personas en todo el país.
El proyecto de ley ómnibus también encendió la alarma en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) debido al problema de financiamiento que genera a las más de 1.500 bibliotecas populares del país que afectará el fomento de la lectura y otras actividades socioculturales, al tiempo que perjudica a una entidad con un modelo de funcionamiento único en todo el mundo que privilegia la participación colectiva de la comunidad en la que cada biblioteca funciona.
Según el proyecto, varios artículos de la ley 23.351 -que dispuso la creación de un Fondo Especial para bibliotecas- son reemplazados y dispone que se clasifique a las bibliotecas según la cantidad de obras que tienen, el movimiento diario de esas obras y las actividades culturales que desarrollen. Asimismo, las bibliotecas populares dependerán de los subsidios que el Congreso les otorgue y para obtenerlos, se deberá acreditar "la necesidad social de los servicios en la zona de influencia de la Biblioteca Popular", "las necesidades específicas para el crecimiento de las bibliotecas más carenciadas" y "el mayor esfuerzo" realizado en la prestación de servicios, según el proyecto de ley que se debatirá en el Congreso en sesiones extraordinarias.
Actualmente, la Conabip se financia con un porcentaje de lo recaudado por Lotería Nacional, una medida que consiguió la presidenta saliente, María del Carmen Bianchi, que logró en 2005 incluir a la Conabip en el presupuesto nacional y logró triplicar el presupuesto durante los ocho años de su gestión.
Héctor Sanguiliano, integrante de la comisión directiva de la Biblioteca Popular "Juan B. Alberdi" de la ciudad de Neuquén, señaló que con esta ley "el neoliberalismo persigue que la cultura sea un bien de pocos, y la cultura es algo que se debe promover, y el promotor de eso debe ser el Estado".
Explicó que "nosotros desde la biblioteca tenemos muchísima responsabilidad en la promoción de la lectura pero necesitamos tener fondos para eso, no sólo tenemos que contar con fondos para prestar libros sino también para promover la cultura, crear acciones para ello".
Consideró que la ley que se pretende aplicar eliminaría ese fondo especial destinado a las bibliotecas populares "y eliminarlo es una restricción a la cultura y no sólo este gobierno apunta a las bibliotecas populares sino también al INCAA, al Instituto Nacional del Teatro, a las librerías y editoriales independientes. Hay un montón de incentivos a la cultura que debe promoverlo el Estado".
"Pega a lo más valioso de una sociedad"
Diversos actores de la cultura neuquina se expresaron a través de las redes sociales para expresar su rechazo al proyecto presentado por el gobierno nacional. "La Ley ómnibus es el resultado de un profundo pensamiento reaccionario contra la República. Quitar los derechos conquistados con luchas a través de la pluma es el error que cometen solo los fascistas", expresó la locutora, periodista y gestora cultural Hilda López. Y agregó que "el cierre de toda representación de reconocimiento a la vida espiritual de una sociedad como cerrar medios de comunicación, organismos de apoyo a las manifestaciones artísticas y más, pega directamente a lo más valioso de una sociedad su humanidad".
Por su parte, el narrador oral Hugo Herrera Domínguez, creador junto a Ileana Panelo de la Escuela Patagónica de Narración Oral que ha formando a cientos de narradores que realizan presentaciones en ferias de libro, escuelas, bibliotecas, centros de salud, entre otros lugares, expresó "como narrador oral me siento agredido por un montón de medidas con respecto al área cultural del gobierno actual; me gustaría que quienes piensan diferente me ayuden a entender porque defienden el cierre del Instituto Nacional del Teatro, el desfinanciamiento de las bibliotecas populares, del Instituto del Cine, entre otros". Además desde la escuela que dirige compartieron el mensaje del Colectivo de Narradores Orales de Argentina repudiando el proyecto de ley del presidente que "muestra un claro desprecio por la cultura buscando derogar leyes" y además "reduce el rol del Estado como protector, eliminando las políticas que garantizan derechos económicos, sociales y culturales". En tanto, se dirigen a los legisladores para que voten "en contra de esta iniciativa y defender los derechos del conjunto del pueblo argentino".
Diversos referentes del ámbito cultural y artístico se convocaron este sábado en la plazoleta del monumento a Rodolfo Walsh en Avenida Argentina y Periodistas Neuquinos donde manifestaron su rechazo a la ley ómnibus de Milei.
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