Estafa con planes sociales en Neuquén: ¿por qué piden la prisión preventiva de Soiza?

Tras la detención de Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales de la Provincia de Neuquén, este jueves por la mañana el fiscal del caso Juan Narváez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli confirmaron en conferencia de prensa que pedirán la prisión preventiva por el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Según precisó Narváez, dicho riesgo está dado por la "desaparición de dispositivos electrónicos y conductas relacionadas a aprietes y acoso a personas que tenían información del caso y que no se sentían en condiciones de brindarla en fiscalía".

El pedido se hará extensivo al director de fiscalización, Néstor Pablo Sanz, y Marcos Osuna (a cargo del departamento de gestión de programas sociales), quienes tiene pedido de detención y que en estos momentos están siendo buscados por la policía provincial.

Narváez agregó que en las últimas horas se realizaron cinco allanamientos en simultáneo en una chacra, un restaurant Faraón y los domicilios de los tres imputados. En dichos operativos se secuestró dispositivos informáticos y dinero en efectivo

Por su parte, Vignaroli agregó que pedirán una audiencia hacer un control de la detención y solicitar la prisión preventiva de Soiza. "No vamos a formular cargos ahora porque primero tenemos que reunir evidencia y precisar hechos y responsabilidad", advirtió.

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Los fiscales Juan Narváez y Pablo Vignaroli dieron una conferencia de prensa por las estafas con planes sociales.

Luego de recordar que la investigación tiene plazo hasta el 29 de noviembre de este año, el fiscal jefe destacó: "Hemos avanzado en algo que pensamos que no íbamos a poder salir. Hemos podidos saltar ese corset".

El fraude con las tarjetas de débito se conoció a finales de julio del año pasado. Un beneficiario de los planes denunció que le habían vaciado la cuenta y radicó la denuncia en el BPN.

La maniobra que se investiga es la entrega de subsidios por unos 8 mil pesos donde los beneficiarios recibían las tarjetas con las claves, pero las tenían que entregar a otras personas –que no eran los titulares de cuenta- para hacer las extracciones en los cajeros. Los montos de los subsidios eran mayores, alrededor de $50 mil y los beneficiarios nunca se enteraban.

El banco tiene registros fílmicos del accionar. La fiscalía analizó en detalle cientos de documentos que llevaron a que la investigación sea declarada compleja y se diera un plazo de un año de investigación.