¿Funcionarios van a la cárcel? Qué decisión tomará el juez con los culpables por la explosión en Aguada San Roque

La explosión de la Escuela 144 de Aguada San Roque dejó una marca imborrable en Neuquén. Las trágicas muertes de la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi, derivaron en una investigación que terminó con la condena de cinco personas, entre funcionarios e integrantes de una constructora, por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta. ¿Habrá cárcel?

Ahora, la pregunta es si cumplirán prisión efectiva o si recibirán penas menores, para quienes fueron hallados responsables de aquella terrible explosión en la escuela, en plena pandemia, al mediodía del 28 de junio de 2021.

Los jueces Maximilaino Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo dará a conocer la fijación de penas en una audiencia final de cesura, que se llevará a cabo el jueves 13 de febrero a las 12:30, en Cutral Co.

Desde ATEN piden penas ejemplares y trajeron a colación el paradigma de la corrupción, una bandera que levanta el gobierno con el proyecto Ficha Limpia. Precisamente en este caso, hay tela para cortar.

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ATEN festejó el veredicto el año pasado péro aún no se conocen si los funcionarios condenados irán a la cárcel.

Claudio Espinoza

El fiscal Gastón Liotard, durante los alegatos de cesura, sostuvo que los acusados usaron el Estado para defraudar y pidió penas de prisión efectiva: 6 años para Sergio Percat (director de Obras Contratadas), 5 años para Diego Bulgheroni (arquitecto de la empresa), 4 años y 6 meses para Raúl Capdevila y Carlos Córdoba (directores de Obras Públicas), y 4 años para Héctor Villanueva (dueño de Arte Construcciones SRL).

Funcionarios: largo proceso y otros que zafaron

Además, solicitó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso de Percat y la prohibición para ejercer funciones estatales en los otros funcionarios, por 10 años. Las tintas las cargaron sobre el director de Obras contratadas, quien era el encargado de certificar el avance de la obra pública, realizar inspecciones y enviar esas certificaciones para que las empresas pudieron cobrar. Es todo un proceso habitual, donde se detectaron irregularidades y el hilo se cortó por lo más delgado.

Durante el juicio, además, se desestimó la responsabilidad de funcionarios del Consejo Provincial de Educación, como el arquitecto Gabriel Potas, quien había estado imputado en su momento. Tampoco los directores de nivel, ya que el argumento fue que, como en todo el país, había una fuerte presión por volver al aula luego de casi un año y medio de pandemia.

Se estaba implementando el programa “Camino Seguro a la Escuela”, y el CPE emitió la Resolución 440/2021, donde se establecían cuáles eran las escuelas que volvían a la presencialidad, sobre todo en qué zonas para regreso "seguro, progresivo y situado".

Penas "extremas" en la querella y bajas en la defensa

Volviendo al juicio de cesura, por su parte, la querella, con los abogados Emanuel Roa moreno, Darío Kosovsky y Federico Egea, reclamó sanciones más severas a pedido de las familias y del gremio docente ATEN.

Exigió 9 años de cárcel para Percat, 8 para Bulgheroni, Capdevila y Córdoba, y 6 años y 6 meses para Villanueva. También solicitó inhabilitaciones por 10 años para los profesionales involucrados y la intervención del Ministerio de Salud para evaluar el impacto psicosocial de la tragedia en las víctimas.

La postal aérea tomada ayer demuestra el estado en el que permanece la Escuela 144 de Aguada San Roque a un año de la explosión que todavía investiga a fuego lento la Justicia.

La postal aérea tomada demuestra el estado en el que permanecía la Escuela 144 de Aguada San Roque a un año de la explosión, en junio de 2022.

En contraste, la defensa de los condenados intentará reducir la pena al mínimo y evitar la prisión efectiva. Sus abogados, Juan Manuel Coto, Gonzalo Rodríguez, Iván Chelia y Melina Pozzer, plantearon que no hubo agravantes en la conducta de sus clientes y pidieron 2 años de prisión condicional para todos.

El 13 de febrero, el tribunal definirá las penas y si los condenados irán a prisión o seguirán en libertad.

El juicio de los 108 testigos

En la etapa de juzgamiento en agosto de 2023, se realizaron diez audiencias en la Sala 12 de la Oficina Penal de Ciudad Judicial de Neuquén, donde inicialmente eran 108 testigos, pero que no declararon más de 40, por las convenciones probatorias, en acuerdos entre los jueces y abogados.

Después hubo audiencias de alegatos, donde el tribunal penal consideró que cinco de los seis acusados eran responsables de los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta, menos el exsubsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza, quien resultó absuelto y ahora está jubilado.