Juicio por la explosión en Aguada San Roque: definen si hay culpables por las tres muertes

Este martes al mediodía se conocerá el veredicto de los jueces respecto a la culpabilidad de los seis imputados por la explosión en la Escuela 144 de Aguada San Roque el 29 de junio de 2021, que provocó las muertes de la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi. El juicio inició el pasado 12 de agosto y transitó 12 días de audiencias.

Durante diez jornadas transitaron decenas de testigos, la mayoría propuestos por la fiscalía y querellas, mientras que los últimos dos días brindaron sus testimonios las personas propuestas por las defensas. Familiares de las víctimas fatales, dirigentes de ATEN, obreros testigos de la explosión, docentes, peritos y expertos en incendios, policías, bomberos, exfuncionarios del Consejo Provincial de Educación (CPE) fueron algunas de las casi 50 personas que transitaron por la sala para brindar su testimonio. En tanto, los alegatos se desarrollaron durante dos días en Cutral Co, jurisdicción originaria de la causa.

Los acusados son Roberto Deza (subsecretario de Obras Públicas), Raúl Capdevila (director provincial de Obras Públicas), Carlos Córdoba (director de Obras Públicas), Sergio Percat (director de Obras Contratadas), Diego Bulgheroni (representante técnico de la empresa Arte Construcciones) y Héctor Villanueva (socio gerente de la empresa Arte Construcciones).

La fiscalía y las querellas pidieron la declaración de la responsabilidad sobre los seis imputados, mientras que las defensas pidieron su absolución. El tribunal, integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo, es el encargado de decidir sobre la responsabilidad de los imputados. “Tomaremos cinco días para dar el veredicto, se va a dar la audiencia por Zoom. Es una comunicación en la virtualidad”, sostuvo el juez Bagnat. Anticipó además que tras el veredicto, habrá 10 días de argumentaciones, por lo que luego se conocerá si hay o no pena para los acusados.

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ATEN Provincial

Aguada San Roque: la obra pública, eje del debate

El eje del debate estuvo centrado en el manejo de la obra pública por parte de los cuatro funcionarios, en vinculación con los dos profesionales de la subcontratista Arte Construcciones. Por un lado, el delito de estrago culposo (provocar las condiciones para que ocurra la explosión) y, por otro, la administración fraudulenta (concretar los pagos a la empresa con la obra sin terminar).

A uno de ellos se le suma, además, el delito de "falsificación ideológica de documento público" por haber introducido un “documento falso” en el expediente de la obra de la escuela, para que la empresa pudiera cobrar el final de los trabajos, sin que el establecimiento esté terminado. Puntualmente, Sergio Percat está acusado de haber emitido, el 12 de marzo de 2021, un certificado al 100% de la obra pública, “sabiendo que no había sido inspeccionada, y que dijo haber estado de manera presencial en la inspección, cuando en realidad estuvo en Neuquén”, marcó el fiscal jefe, Gastón Liotard, durante los alegatos de cierre. Y acotó: “Estos hechos se dieron cuando, a esa fecha, los operarios aún estaba trabajando”.

Durante los alegatos, Liotard dijo que “las pruebas han tenido suma contundencia, mucho de lo fáctico no hay para discutir”. Y acotó: “Creemos que todo se reduce a si cometieron o no cometieron estrago”. Sostuvo que con las conductas de los imputados, “se provocó un estado de peligro que afectó la salud y la vida”.

El fiscal Liotard avanzó en sus alegatos sobre la responsabilidad de los exfuncionarios provinciales de Obras Públicas y los empresarios de Arte Construcciones SRL, responsables fácticos de ejecutar la obra de la escuela y cumplir el pliego. "Fue una cadena de negligencias y es insostenible que quieran cargar de la responsabilidad a la directora Martha Báez o al gasista Nicolás Francés", dijo el fiscal en una parte de su alegato.

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Sebastián Fariña Petersen

Uno de los abogados querellantes, Federico Egea, indicó que “los funcionarios de Obra Públicas eran consientes de esto porque forman parte de una red, donde ya prevén la subcontratación como una excepción”. El abogado puso el foco en el entramado que hay detrás de la obra pública, donde los funcionarios no garantizan el cumplimiento de los pliegos “para después salir a subcontratar a Juan de los Palotes”.

El defensor Juan Manuel Coto pidió la no culpabilidad de los imputados en la causa. Respecto a la acusación sobre estrago culposo, el abogado hizo hincapié en que quien manejaba la fuente de riesgo y peligro de la obra era el mismo gasista Nicolás Francés; el mismo día de la explosión realizó una conexión clandestina en una termotanque. También se refirió a que el inicio de la explosión, de acuerdo con la interpretación sobre el lugar de la explosión ese día, no fue en el entretecho, sino en la zona baja de las habitaciones. De manera directa asoció el accionar del gasista fallecido con la deflagración.

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Sebastián Fariña Petersen

Sostuvo que “no hay una definición de las obligaciones de los imputados, por lo cual menos puede haber una imputación objetiva de sus omisiones”. Además, resaltó que “la conexión del termotanque fue realizada por el gasista de forma clandestina, por lo cual nadie conocía de ella”. Y acotó: “la fuga se produjo cuando conectó el termotanque a la red antigua, el mismo día de la explosión”. “El gasista matriculado tuvo control de la fuente de riesgo sin haberse conducido conforme a reglas de prudencia en el caso de pérdidas de gas”, sostuvo.

Respecto a las acusaciones de los funcionarios por administración fraudulenta, Coto dijo que “se atribuyen hechos de naturaleza culposa, pretendiendo una condena por un hecho doloso”.

En tanto, la defensora Melina Pozzer cargó contra la directora de la Escuela 144, Martha Báez, como la responsable de no haber cortado las clases el día de la explosión. “La escuela estaba en obra y esto Martha lo sabía”, dijo, y agregó que su testimonio tuvo el objetivo de “sensibilizar al tribunal”, con una historia personal, sobre su derrotero educativo.

“No se puede negar que Martha Báez conocía que la escuela estaba en obra, no era una obra de mantenimiento, recorrió con funcionarios las instalaciones”, apuntó la abogada.