La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio un nuevo revés judicial a Gloria Ruiz

La Corte Suprema de Justicia resolvió este martes que no corresponde a su competencia originaria tramitar el amparo que promovió Gloria Ruiz contra su destitución como vicegobernadora de Neuquén, y dispuso que el caso se tramite en la Justicia provincial.

El máximo tribunal, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, coincidió con el dictamen de la procuradora adjunta Laura Monti y sostuvo que la controversia debe resolverse en el ámbito local, al involucrar la interpretación del derecho público provincial, según difundió es martes por la tarde la agencia Noticias Argentinas.

La Corte afirmó que los conflictos entre poderes públicos de una misma provincia deben resolverse en el fuero local y que su competencia originaria no puede extenderse a casos no previstos por la Constitución nacional.

La destitución de Gloria Ruiz por la acudió a la CSJN

En diciembre de 2024, la Legislatura de Neuquén aprobó, con 30 votos a favor, la inhabilidad moral de la vicegobernadora Gloria Ruiz, por lo que será desplazada de su cargo hasta diciembre de 2027.

Aquella sesión estuvo atravesada por un tenso debate durante más de cuatro horas y media. Cinco diputados pidieron la abstención, que fue sometida a votación y no fue autorizada por no tener los votos suficientes. Por eso, los diputados de los bloques FIT y UxP se retiraron de la sesión y no emitieron su voto.

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La imputación sobre Gloria Ruiz

A mediados de octubre de este 2025, la ex vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, y su hermano, el ex coordinador de la Casa de Las Leyes, Pablo Ruiz, fueron imputados por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta. También se formularon cargos contra la exsecretaria de Cámara de la Legislatura, Isabel Richini; y la ex prosecretaria administrativa de la Legislatura, Élida Noemí Sánchez.

El equipo de la unidad fiscal de Delitos Económicos formalizó los cargos durante una audiencia realizada este viernes y el juez de garantías Lucas Yancarelli hizo lugar al pedido. En cambio, rechazó la solicitud para declarar el caso como complejo, por lo que fijó el plazo para la investigación en 4 meses.

Enriquecimiento ilícito

En una primera etapa de la audiencia, el fiscal del caso Juan Narvaez formuló cargos a Gloria Argentina Ruiz por haber incrementado su patrimonio, sin poder acreditar el origen de ese incremento, luego de su asunción como vicegobernadora. En concreto, se refirió a la compra de una camioneta marca Toyota, modelo SW4, con un valor de $76.837.220, en junio de 2024, cuando el único ingreso declarado fue el salario que percibía por el cargo que ocupaba, siendo el primero, en enero de 2024, de $2.000.000; y el último, en noviembre, de casi $5.000.000.

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“El MPF solicitó que justifique el origen de los fondos”, recordó el fiscal del caso, y aclaró que las explicaciones, que incluyen ventas de vehículos, préstamos y pagos con tarjeta de crédito, “no fueron suficientes”. “Ese aumento es de gran magnitud, ya que no guarda correspondencia con los ingresos por su cargo ni por otra actividad”, sostuvo el fiscal del caso, y encuadró la imputación en el delito de enriquecimiento ilícito, en calidad de autora.

La campaña publicitaria con Big Sur

Luego, Narvaez señaló que la investigación determinó un segundo hecho, mediante la contratación “ilegítima, celebrada por fuera de los supuestos del excepcionalidad previstos en el artículo 64, inciso 2 y apartado “h” de la Ley 2141 (de Administración Financiera)”, con la empresa Big Sur Marketing para la realización de servicios de piezas publicitarias.

Así, el fiscal del caso acusó a Gloria Ruiz, en carácter de autora, y a las dos funcionarias de la gestión como partícipes necesarias: la secretaria de Cámara, Isabel Richini; y la prosecretaria Administrativa, Elida Noemí Sánchez. En estos casos, las imputaciones fueron por el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración Pública.

Precisó que Gloria Ruiz “aprovechó que esas piezas publicitarias fueron pagadas con fondos de la Legislatura y utilizó algunas de ellas de forma personal, publicándolas en sus redes sociales”. “Ello implicó una franca violación a la ley provincial 3.017 de despersonalización de los actos de gobierno”, agregó.

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Respecto del modo de contratación, que se realizó por vía de excepción y no cumplió con las pautas de la Ley 2141, fue a instancias de Ruiz, con “la indispensable colaboración de Sánchez y Richini”, y “le ocasionó un perjuicio económico a la administración Pública Provincial de $45.012.000”.

La participación de Richini y de Sánchez es en función de los cargos que ocupaban al momento del hecho: mientras que la primera autorizaba y aprobaba las contrataciones, la segunda perfeccionaba los pagos.

Casa de las Leyes

Finalmente, el fiscal del caso se refirió a un tercer hecho, en este caso respecto de Pablo Ruiz, hermano de la ex vicegobernadora y, entre el 22 de diciembre de 2023 y el 25 de noviembre de 2024, Coordinador General de Casa de las Leyes.

Le atribuyó la contratación como proveedor de Pedro Ariel Sauer y, con ese acto, haber defraudado al Estado por $45.482.688, en connivencia con Isabel Richini y con la indispensable colaboración de Elida Noemí Sánchez.

En este caso, el representante del MPF precisó que la contratación se realizó por fuera de las previsiones de la Ley 2141, y tenía el objetivo realizar piezas publicitarias, banners e impresiones. Indicó que los procesos administrativos se realizaron siempre luego de que el proveedor llevara adelante las tareas encomendadas y que la participación de Richini y Sánchez posibilitó que las contrataciones -un total de 16- se concretaran y pagaran.

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Imputaciones de Pablo Ruiz, Richini y Sánchez

A partir de las contrataciones en Casa de las Leyes, Pablo Ruiz fue imputado por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautor, en concurso real con el delito de peculado por el que la fiscalía le formuló cargos en marzo.

Isabel Richini fue acusada como coautora por el mismo delito y, en su caso, el concurso real fue con el hecho en el que fue imputada junto con Gloria Ruiz.

Por su parte, por los hechos de Casa de Las Leyes, Sánchez fue acusada como partícipe necesaria, y en su caso, en concurso real con su participación en las contrataciones de la empresa Big Sur.

Inhibición general de bienes

Luego de formular cargos, el fiscal del caso solicitó la inhibición general de bienes por 10 meses de Gloria Ruiz, Richini y Sánchez, una medida cautelar que ya rige respecto de Pablo Ruiz desde marzo pasado. Lo hizo por $246 millones y argumentó que la medida tiene el objetivo de resguardar el patrimonio de las personas acusadas de cara a eventuales decomisos que impliquen reparaciones en caso de una condena.

El juez Yancarelli tuvo por formulados los cargos cerca del mediodía y, tras un cuarto intermedio, dispuso la medida cautelar solicitada.

Además del fiscal Narvaez, por el Ministerio Público Fiscal intervinieron la asistente letrada Tanya Cid y el asistente letrado Facundo Bernat. El representante de la fiscalía de Estado, Gustavo Kohon, adhirió a todas las imputaciones.