Obras públicas paradas: los incómodos números de Javier Milei con las provincias
El gobierno deberá dar cuenta al Congreso el impacto del frenazo en infraestructura. Pero el relato no morigerará el daño ocasionado.
En la misma sesión que la Cámara de Diputados resolvió crear una comisión investigadora por el escándalo de las estafas de la cripto $Libra, que involucra a Javier Milei, los legisladores de la oposición consiguieron aprobar un pedido de informes para saber a ciencia cierta un dato que el gobierno guarda bajo siete llaves: el alcance real de la paralización de la obra pública.
El gobierno viene gambeteando el asunto desde el año pasado. En reiteradas ocasiones el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine hizo pito catalán a las convocatorias de la comisión homónima en la Cámara baja, en un evidente gesto de atenuar el costo político de reconocer los cuantiosos perjuicios ocasionados a las provincias, entre las que se encuentra Neuquén.
En la comisión de Obras Públicas, no obstante, se manejan algunos indicadores alarmantes de la paralización dispuesta por Milei: 3.500 proyectos inconclusos, que perjudican a 1.400 empresas de la construcción y la caída de 100.000 empleos directos.
Giovine, sin embargo, ahora no podrá argumentar “problemas de agenda” –tal como lo venía haciendo- para responder el pedido aprobado la semana pasada que demanda la nómina completa de las obras en ejecución financiadas por el Gobierno nacional en todo el país y el detalle de cuántos proyectos y obras fueron paralizadas, neutralizadas y suspendidas desde diciembre de 2023 a la actualidad.
Asimismo, deberá precisar cuántas de esas obras corresponden a universidades, escuelas, hospitales, viviendas e integración sociourbana de barrios. También las fechas de paralización; los motivos; y los porcentajes de avance que tenían (financiero y físico).
No debería descartarse que el gobierno busque eludir responder a los requerimientos del Congreso en momentos que la campaña electoral comienza a cobrar dinámica. Pero más allá del resultado de la ofensiva parlamentaria, el daño a las provincias ya está causado y difícilmente pueda esperarse que se enmiende algo en el grave desmantelamiento provocado.
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