Dos acusados admitieron haber cobrado cheques de manera fraudulenta por casi 18 millones de pesos. El juez resolverá si acepta el acuerdo.
Otros dos de los imputados en la causa que investiga una de las estafas más escandalosas al Estado provincial a través del manejo de planes sociales, intentan cerrar un acuerdo de responsabilidad y pena para evitar ir a juicio. Se trata de Rodolfo López y Adrián Alfredo Meza Lizama, quienes reconocieron su participación en el cobro fraudulento de cheques por cifras millonarias y buscan una pena de prisión en suspenso.
El acuerdo fue presentado esta semana ante el juez de garantías Juan Pablo Balderrama. Contó con la intervención de la Fiscalía de Delitos Económicos, la Fiscalía de Estado y las defensas de ambos imputados. La propuesta incluye una pena de tres años de prisión en suspenso, el cumplimiento de reglas de conducta y la realización de tareas comunitarias. El próximo jueves 22 de mayo, a las 12, el magistrado dará a conocer su resolución.
En la audiencia, Meza Lizama reconoció haber cobrado de forma indebida 103 cheques por un total cercano a los 4.900.000 pesos, mientras que Rodolfo López admitió el cobro de 264 cheques, que en total suman aproximadamente 12.700.000 pesos, ambos montos expresados a valores históricos.
Estos cheques formaban parte del circuito de pagos irregulares que se investiga en la causa principal por defraudación a la administración pública, conocida como la "mega causa por los planes sociales", en la que hay otras 13 personas imputadas.
Este es el segundo intento de López y Meza Lizama por alcanzar un acuerdo abreviado. El anterior había sido rechazado por el mismo juez Balderrama al considerar que la propuesta no reflejaba adecuadamente la gravedad de los hechos. Ahora, con un reconocimiento más explícito de la maniobra y el compromiso de reglas de conducta, se espera una nueva evaluación del magistrado.
El juicio, con fecha y tribunal confirmado
La causa madre que investiga el desvío sistemático de fondos del Ministerio de Desarrollo Social ya tiene fecha de inicio de juicio: el 21 de julio. La jueza de Garantías Carina Álvarez definió, tras nueve jornadas de control de acusación, que serán 15 los imputados que llegarán a esa instancia, con una lista de 211 testigos y peritos que declararán ante el tribunal.
El juicio estará a cargo de los jueces Luciano Hermosilla, Juan Manuel Kees y Juan Guaita, y se extenderá hasta el 5 de septiembre, según las estimaciones judiciales. La magnitud del proceso judicial refleja la complejidad del caso y el volumen de pruebas que serán analizadas.
Investigación
Según la investigación, el esquema funcionaba con cinco niveles de responsabilidad, con un núcleo de poder que orquestaba la maniobra desde dentro del ministerio. En la cúpula de la asociación ilícita figuran Ricardo Soiza, Néstor Sanz, Marcos Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siengentharler, quienes ocupaban cargos clave en la administración de los planes sociales.
Debajo de ellos, la pirámide se completaba con colaboradores, recaudadores, reclutadores y beneficiarios que habrían participado en la ejecución del fraude, el cual involucra 9.303 estafas con fondos públicos.
La fiscalía adelantó que pedirá penas superiores a los tres años de prisión efectiva para los principales acusados. Además, en la próxima audiencia –programada para el 19 de marzo– las partes discutirán la producción de pruebas y los testigos que serán citados al juicio.
Dado el volumen de la causa y la cantidad de imputados, se espera un debate extenso, que podría prolongarse por más de dos meses. Mientras tanto, el escándalo de los planes sociales sigue generando repercusiones en la provincia, dejando en evidencia las fallas del sistema de control sobre los fondos públicos.
Uno de los niveles investigados es el de los colaboradores. Irán a juicio Luis María Gallo, quien hasta enero de 2022 fue el director de Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social, y Laura Carolina Reznick, que fue la sucesora en el cargo y continuadora de la maniobra. También surge la figura de Julieta Oviedo, directora de Tesorería del Ministerio, que tenía un rol crucial en la operativa. Era responsable de ejecutar las acreditaciones bancarias y librar los cheques de manera irregular.
En tanto, Julio Norberto Arteaga, auditor de la Contaduría General, facilitaba que el esquema continuara mes a mes al omitir observar las irregularidades en los expedientes y emitir informes de control que daban apariencia de legalidad a las operaciones.
Isabel Natalia Montoya, está sindicada por cumplir este rol, gestionaba los datos de los supuestos beneficiarios y entregaba las tarjetas de débito y las claves PIN a los responsables de la extracción del dinero.
Aaron Escobar y Valeria Noemí Honorio son algunos de los principales implicados en esta parte de la maniobra, cobrando cheques que no les correspondían y retirando dinero con tarjetas de débito de beneficiarios ficticios. Escobar cobró un total de 61 cheques que sumaban 2.375.600 pesos, mientras que Honorio gestionó 43 cheques por 2.043.900 pesos.
También figura en este nivel Ariel Oscar Krom, quien cobraba cheques fraudulentos. Montos implicados: cobró 20 cheques que ascendían a 968.000 pesos. En tanto, Omar Ulises Rodríguez Quezada cobrador de cheques fraudulentos y extractor de dinero con tarjetas de débito ajenas. Montos implicados: participaba en la extracción de fondos con tarjetas de débito. Por último, está Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras como cobrador de cheques y dinero de tarjetas de débito sin autorización. Montos implicados: participaba en las extracciones de dinero fraudulentas.
Para la fiscalía, hay dos beneficiados por la maniobra que irán a juicio. Alfredo Andrés Cury aceptó fondos del subsidio a pesar de no cumplir con los requisitos. Montos implicados: recibió parte de los fondos desviados. En segundo lugar, Fernando Cardozo Regidor, se benefició de los subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos. Montos implicados: recibió fondos desviados.
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