Planes sociales: cuándo podrían ir a prisión los condenados y cómo corren los plazos de apelación

La causa por las estafas con planes sociales en Neuquén entró en su etapa decisiva: la ejecución de las condenas para la prisión efectiva. Tras la audiencia de cesura realizada hace tres semanas, el tribunal fijó las penas para las 11 personas declaradas penalmente responsables por maniobras fraudulentas con el dinero de subsidiados, cometidas entre septiembre de 2020 y julio de 2022.

Ahora, la pregunta central es cuándo comenzarán a cumplirse las condenas de prisión efectiva de algunos de ellos. Según los plazos procesales vigentes, desde la notificación formal de la sentencia, las defensas cuentan con 20 días hábiles para presentar impugnaciones. Existe una primera instancia conocida como impugnación in pauperis (se refiere a la capacidad de una persona indigente para iniciar un proceso legal o una apelación sin pagar las tasas judiciales), que puede ser presentada directamente por la persona condenada, que manifiesta su voluntad de apelar.

Luego, los abogados defensores deben fundar ese recurso en un plazo que no está estrictamente fijado por ley, pero que en la práctica judicial se extiende aproximadamente hasta un mes.

SFP Finaliza juicio por Estafa Planes Sociales (9)

En este caso, la sentencia de cesura aún no había sido notificada oficialmente hasta hace unas horas. Además, el calendario juega un rol fundamental. Los feriados y el receso judicial (la feria) hacen que los 20 días hábiles (por causa compleja) recién comiencen a computarse en febrero, por lo que las impugnaciones podrían formalizarse a fines de febrero o principios de marzo.

Planes sociales: quiénes recibieron prisión efectiva

Una vez vencidos esos plazos, si no prosperan las apelaciones, la sentencia queda firme y pasa a la etapa de ejecución penal. En ese escenario, las personas condenadas a penas de cumplimiento efectivo deberán comenzar a cumplirlas de manera inmediata, ya sea en una unidad penitenciaria, una comisaría o bajo modalidades como la prisión domiciliaria, que en varios casos ya se encuentra vigente.

El tribunal impuso las penas más altas a Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social, al contador Tomás Siegenthaler, excoordinador de Administración y a Ricardo Soiza, exdirector general de Planes Sociales. Para todos pesa una condena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.

También fueron condenados a prisión efectiva Néstor Pablo Sanz con 4 años y 6 meses, Marcos Osuna con 4 años, Luis María Gallo, Julieta Mariana Oviedo y el abogado Alfredo Cury con 3 años y 6 meses.

Jueces planes sociales

En estos casos, la ley de ejecución penal establece que deben cumplir al menos dos tercios de la condena, aunque cada situación puede ser revisada por la jueza de ejecución ante pedidos de morigeración por razones de salud u otras cuestiones humanitarias. Es probable que varios de los condenados continúen bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Ahora bien, por debajo del umbral de cumplimiento efectivo quedaron la contadora Laura Reznik, Isabel Montoya, Valeria Honorio y Emanuel Victoria Contreras. Todos ellos recibieron 3 años de prisión condicional, por lo que no irán a la cárcel, aunque deberán cumplir reglas de conducta.

Cuándo se haría efectiva la prisión: el planteo de un abogado

Si las impugnaciones no prosperan o no se presentan, y una vez vencidos los plazos legales, las condenas podrían comenzar a ejecutarse entre marzo y abril, lo que podría marcar el cierre judicial de una de las causas de corrupción más resonantes de los últimos años en la provincia.

El abogado Alfredo Cury es uno de los más perjudicados por la condena de prisión efectiva, con 3 años y seis meses, y adelantó no sólo que impugnará el veredicto sino que hará público cómo se desarrollaron cada unas de las audiencias, y las contradicciones que tuvo el tribunal. "La gente del Poder Judicial dice que lo que pasó es una total locura", sostuvo.

SFP Finaliza juicio por Estafa Planes Sociales (27)

Cury fue abogado de algunos de los condenados en una fase inicial, antes de que el Ministerio Público Fiscal acordara con los arrepentidos. Ahí se quebró el "pacto" entre en aquel entonces imputados por hacer extraído dinero de los cajeros automáticos, con tarjetas de débito de los planes sociales, y reportarlo a los funcionarios que manejaban la Caja Azul de la política.

Finalmente, nunca se supo (el Ministerio Público Fiscal no pudo probarlo) adónde fue a para el dinero, calculado a tasa de hoy en un millón de dólares.