El secretario general de ATEN valoró los testimonios en la primera semana del juicio. Informes técnicos revelan que la obra estuvo poblada de irregularidades.
Este viernes concluye la primera semana del juicio por la explosión fatal en la Escuela 144 de Aguada San Roque y la prueba desnuda un sinnúmero de irregularidades detrás de la obra de gas que puso fin a la vida de la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi. La obra se inauguró sin terminar, con alumnos en el colegio, y la escuela explotó ese mismo día, el 29 de junio de 2021.
"En apenas cuatro días hay muchísimas irregularidades que dan cuenta de la falta de control y supervisión de la obra", sostuvo enfáticamente el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, en diálogo con LMNeuquén.
También reparó sobre los "testimonios de los maestros, quienes en absoluta soledad esperaban respuestas que no llegan tratando de subsanar los problemas". Sin ir más lejos, recordó que el director de la escuela pidió en su momento que hicieran un cerco para separar la obra del patio donde jugaban los estudiantes para resguardar la integridad física de ellos y el plantel docente.
Para ATEN, parte querellante, su declaración es sumamente valiosa porque "pone a la obra en una situación de casi clandestinidad".
"Estamos con mucha expectativa, Haber llegado al juicio después de tantos obstáculos es un paso enorme para que el hecho no quede impune", sostuvo.
A medida que pasan las jornadas, también se hizo referencia a otras personas con cierta cuota de responsabilidad que por ahora quedaron afuera del debate. Guagliardo mencionó a "(Eduardo) Afione, que no figuraba en ningún papel como contratista y a la vez subcontrató a otros trabajadores. La cadena de responsabilidades es larga". Afione estuvo imputado en la causa, pero fue beneficiado con una probation y zafó del juicio.
Convocado por la fiscalía, el abogado Agustín Vulliez señaló que la empresa YPF Gas “no fue notificada sobre incidencia alguna ni alteración de las instalaciones de gas” entre el inicio de las obras y el día que explotó la escuela, el 29 de junio de 2021. Es decir, no estaba al tanto de la modificación que se iba a practicar.
Vuillez destacó que “ante cualquier alteración de las instalaciones se debe dar aviso a YPF Gas. Allí, se concurre a hacerla con un matriculado de primera”. El dato no es menor, significa que la obra de gas que se realizó se hizo prácticamente en la clandestinidad.
"Era una obra que no solamente contemplaba remodelaciones, sino también la construcción de nuevas aulas y otros espacios que requerían del suministro de gas", añadió.
Obra de gas casi clandestina
Este jueves, otros testimonios claves reforzaron la teoría de las irregularidades. Fueron dos peritos de Gendarmería Nacional que analizaron toda la documentación de los pliegos de la obra, hasta el último certificado de pago. De ahí surge, por ejemplo, que los trabajos terminaron en marzo, cosa que no ocurrió. Es más, el último pago fue posterior a la explosión. No se cumplieron los plazos y quedó acreditado.
Pero, además, se suma la prueba que aportaron otros testigos en el juicio que indican que los trabajadores no estaban registrados. Es decir, estaban "en negro". Por tal motivo, carecían de seguro y cobertura.
"Llevamos cuatro días recién y nuestra expectativa es que se demuestren todas las irregularidades". Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN.
Otras personas que declararon durante la jornada de este jueves fueron la directora Territorial del Ministerio de Educación de la Provincia y la supervisora de la escuela, quienes dieron cuenta de los pedidos de información que recibieron y tramitaron en función del estado de la escuela. Se reclamaba la finalización de la obra de gas para volver a las aulas y revincular a los estudiantes.
El juicio continuará este viernes con otra ronda de testigos.
Cómo estaba la escuela antes de la explosión
Según relató el abogado de la empresa YPF Gas, antes de la obra se hizo un relevamiento en el zepelin y en las instalaciones de la escuela, que tenía antes certificado de aptitud técnica, y una presentación firmada por el gasista Claudio Francello. Hasta ahí, estaba todo en condiciones, con las obras existentes.
Vulliez dijo que la escuela tuvo “dos incidentes” con el tema del gas, pero fueron menores antes de la pandemia. En 2018 con una pérdida de gas y en 2019 por una falla en la lectura del manómetro. No funcionaba bien, y los directivos no sabían bien si se iban a quedar sin gas por lo errores de lectura.
Pero el punto más importante es que el CPE ni la empresa nunca informó sobre la ampliación de la obra a YPF Gas, que tiene la responsabilidad de controlar de la llave de corte hacia afuera. Pese a ello, es obligatorio por las normas del ENARGAS presentar las modificaciones que se hacen en la instalación interna.
Pero en este caso, el colegio no las presentó. No hubo planos definitivos del anexo del gas, a la cañería existente.
Un actor clave fue el docente Gustavo Cortinas, quien fue suplente de la directora Fátima Piussi, entre octubre y diciembre de 2019. El ex gobernador Omar Gutiérrez había hecho el anuncio de la obra en el aniversario del pueblo, y entre la comunidad ya se hablaba de la obra.
El director no sabía de la obra
Cortinas dio un panorama de cómo comenzó la obra, cuando un camión ingresó materiales para descargar y armar el obrador para la construcción de la vivienda institucional.
Sostuvo que al principio “eran tres obreros y después se sumaron dos más de la comunidad”, los que comenzaron con el cerco perimetral. Era para dividir la escuela de la zona de obras, debido a los riesgos.
“Estuve sólo cinco minutos reunidos con ellos en el patio”, dijo, al tiempo que aclaró que le pidieron que suspendiera las clases antes de la finalización del ciclo lectivo.
Eso ocurrió en la primera semana de diciembre, cuando aún había clases, actos escolares y actividades. “Estaban muy apurados por comenzar la obra, por los tiempos y me preguntaron cuando podían entrar a la escuela”, dijo.
Indicó que esa fue la primera y última vez desde que estuvo en el cargo, que vio a funcionarios de Obras Públicas de la provincia y de la empresa, pero aclaró que no recuerda ni los nombres y que “tampoco me hicieron llegar ninguna documentación”.
“Nadie se presentó a supervisar la obra y de la empresa no recuerdo”, acotó.
Los cuatro funcionarios acusados son: el subsecretario de Obras Públicas, ingeniero Roberto Deza; el director provincial de Obras Públicas, Raúl Capdevilla; el director de Obras Públicas, Carlos Córdoba; y el arquitecto Sergio Percat, que en su carácter de empleado de la misma subsecretaría, estaba a cargo de la dirección técnica de la obra en la escuela.
Por la empresa privada, el socio gerente de la empresa Arte Construcciones, Héctor Villanueva; y el representante técnico de la empresa Arte Construcciones, el arquitecto Diego Bulgueroni.
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