Desde el Gobierno apuran al Congreso para el acuerdo con el FMI: cómo sigue todo

El Gobierno de Javier Milei planea remitir en las próximas horas el pleito de autorización al Congreso para formalizar un renovado acuerdo con el FMI. Tras haberlo insinuado la semana anterior, la Casa Rosada optará por un decreto que, a la par que respeta la normativa vigente, evita dilaciones en una negociación que ellos consideran crucial para la economía nacional.

En el Ejecutivo ya cuentan con el decreto de necesidad y urgencia, cuyo anuncio se espera en breve en el Boletín Oficial. Posteriormente, el documento será remitido a la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo para que emita un dictamen y, a la mayor brevedad, se someta al debate en la Cámara de Diputados.

Según la legislación actual, basta con el voto favorable de una sola cámara del Congreso para dar validez al decreto. La norma promulgada por Cristina Kirchner en 2006 dispuso que solo se deroga un decreto si tanto Diputados como el Senado se oponen, lo que reafirma su continuidad mientras no se obtenga un rechazo conjunto.

Fuentes cercanas al proceso informaron durante la noche que la justificación del decreto se extiende en su argumentación, incluyendo críticas severas a la Ley Guzmán. Esta norma imponía la necesidad de contar con el respaldo parlamentario para formalizar cualquier convenio, generando polémica en diversos sectores.

Cómo sigue todo para el Gobierno

Un alto funcionario manifestó que la iniciativa evidenció la falta de valor de un ministro incompetente y la vulnerabilidad de un presidente debilitado, aludiendo a que históricamente ha recaído sobre los gobiernos la firma de convenios con el FMI. Asimismo, criticó la medida como una invención sin precedentes.

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El proyecto de Ficha Limpia y la eliminación de las PASO, tópicos clave para las próximas sesiones extraordinarias.

La misma fuente enfatizó que la carta fundacional del FMI reconoce la potestad de los Poderes Ejecutivos para firmar acuerdos, y acusó a Martín Guzmán de impulsar la norma para eludir responsabilidades. De esta forma, el Gobierno sostiene que el decreto posee efectos equiparables a los de una ley, salvo que ambas cámaras se opongan.

Conforme a la argumentación oficial, la validez del decreto se equipara a la de una ley, vigentes hasta que las dos cámaras del Congreso decidan su rechazo. Esta justificación busca reforzar el carácter de urgencia y la importancia estratégica del acuerdo, ofreciendo una solución provisional que evita trabas legislativas mientras se debate su contenido.

Una vez publicado en el Boletín Oficial, el decreto iniciará su recorrido normativo según lo dispuesto en la ley 26.122. El DNU será enviado a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, conocida como “Bicameral de los DNU”, en un plazo de diez días hábiles, marcando el inicio de un proceso estructurado y reglamentado.

La Comisión dispone de un plazo adicional de diez días hábiles para emitir su dictamen, requiriendo el respaldo de al menos nueve de sus dieciocho integrantes. Al concluir este periodo, ambas cámaras podrán iniciar el debate. El Ejecutivo recuerda que decretos anteriores, de diversas administraciones, mantuvieron su vigencia sin llegar a ser discutidos formalmente.

La conformación de la Comisión incluye representantes de diversas bancadas: el senador riojano Juan Carlos Pagotto, el diputado Hernán Lombardi y el senador chaqueño Víctor Zimmermann lideran el órgano, junto a varios vocales de posiciones oficiales y opositoras. El Ejecutivo persigue acelerar el debate para transmitir un mensaje contundente a la política y a los mercados.

La estrategia se apoya en la percepción de que la Cámara de Diputados presenta un equilibrio político más favorable que el Senado, donde fuerzas como el kirchnerismo y nuevos aliados consolidan mayorías potenciales. La decisión fue ratificada en una reunión de altos funcionarios, quienes confían en obtener amplios apoyos para el dictamen y la aprobación expedita.

Asimismo, en dicha reunión se pronunció que el rápido avance del proceso podría reducir en 200 puntos básicos el riesgo país, mientras el FMI aceptaría la aceleración de las negociaciones sin mayores reparos. Sin embargo, la administración deberá asumir las repercusiones de su propia política.