Mientras crece el debate sobre una dolarización en Argentina cuando cambie el gobierno en diciembre, surgen varios interrogantes sobre esta polémica medida, que implicaría adoptar al dólar como moneda de curso legal.
Según varios economistas, la economía ya está dolarizada de facto pero faltaría hacerlo en términos legales “para cortar la inestabilidad de las últimas décadas y permitir que la economía crezca en forma continua”.
El argumento central a favor de la dolarización, dicen varios analistas, es que “bajará la inflación hasta hacerla convergente con la de Estados Unidos” y “fortalecerá al sistema financiero local, ayudará a su profundización, y ampliará la oferta de crédito de largo plazo para inversiones”. Además, estos analistas afirman que implicará una profunda reforma que pondrá a “los ahorros fuera del alcance del poder político”, en un esquema que además incluiría la libre movilidad de capitales.
Entre las voces en contra, varios especialistas afirman que para dolarizar se necesitaría, con estos niveles de cepo y falta de reservas, un tipo de cambio cercano a $3.000 por dólar. Y para preservar al sistema bancario sería necesario armar un gran fondo de dólares líquidos, como tienen Ecuador y El Salvador.
Un informe sostiene que si se concretara la idea del economista Javier Milei, el dólar “contado con liquidación” pasaría a valer $800. Y agrega que la dolarización sólo sería factible “con el mercado internacional confiando mucho en el plan del nuevo Gobierno, con un shock inflacionario (que permita licuar el excedente de pesos en circulación) y una reestructuración de las Leliq para reducir los pasivos del Banco Central”.
Por otra parte, el ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay sostuvo que “quienes hablan de dolarizar la economía y eliminar el Banco Central no explican qué va a pasar con los 17 billones de pesos en circulación que van a perder por completo su valor”.
Como casos concretos de aplicación, los analistas en contra citan a El Salvador, donde los resultados no fueron buenos. Según un paper, una de las principales consecuencias fue “la pérdida del poder de regulación económica nacional, ya que la moneda quedó supeditada a las decisiones de la Reserva Federal estadounidense”. Es decir, al ser EE.UU. quien tiene el poder de enviar la cantidad de dólares que quiera, el país quedó atado a sus decisiones.
Otras consecuencias para El Salvador fue que “se creó una cultura consumista de productos importados y no locales, lo cual redujo la producción interna, y se terminó bajando el sueldo relativo de la clase baja, lo que ocasionó más emigración y mayor reemplazo de producción por remesas”.
Entre las opiniones intermedias, algunos especialistas sostienen que “debería permitirse usar al dólar para pagar salarios e impuestos, pero no extenderlo a toda la economía porque no hay reservas para una nueva convertibilidad (y adoptarla exigiría un tipo de cambio demasiado alto)”.
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