Eduardo Belliboni será llevado a juicio oral por extorsión a beneficiarios de planes sociales

El líder del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, se enfrentará a un juicio oral y público tras la decisión del juez Sebastián Casanello.

Esta decisión también confirmó la elevación a juicio de otros 17 dirigentes, en una causa que expone un presunto sistema de coacción y desvío de dinero entre 2020 y 2024. Los referentes nacionales Jeremías Cantero, Gianna Puppo y Elizabeth del Carmen Palma son los acusados. En esa lista también están, entre otros, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Vásquez.

El dirigente está acusado de extorsionar a beneficiarios del Potenciar Trabajo y por defraudar al estado nacional en el manejo de esos fondos públicos.

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Eduardo Belliboni, del Polo Obrero

Claudio Espinoza

La elevación a juicio surge tras el rechazo de apelaciones por la Cámara Federal de Casación Penal en enero, generó reacciones inmediatas. Luego de cerrar la investigación y pasar a juicio, ahora se deberá sortear el Tribunal Oral Federal de Comodoro Py que intervendrá en el caso.

Cómo se conoció el fraude

El juez Casanello pudo probar, tras una larga investigación, que el Polo Obrero y "El Resplandor Limitado", una cooperativa de trabajo, destinaban fondos públicos a "empresas" que desviaban el dinero para luego financiar al espacio político.

Estas empresas, como Coxtex y Ricoprin, emitieron facturas apócrifas. El PO aseguró haberle comprado computadoras a la empresa "Coxtex", la cual está caratulada como firma apócrifa por ARCA. El cerebro de esta firma era Leandro Kebleris, que actualmente sigue siendo investigado por la Justicia.

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Otra empresa que aparecen en este listado de fraudes es Ediciones e Impresiones Rumbos, la imprenta del Polo Obrero. Además Urban Graphics, Miniso Trade y Carlos Monfrini fueron otras firmas utilizadas para la maniobra.

A estas empresas se desviaron unos $40 millones de los $360.000.000 que recibieron el Polo Obrero y el Resplandor como unidades de gestión. A estas empresas se desviaron unos $40 millones de los $360.000.000 que recibieron el Polo Obrero y el Resplandor como unidades de gestión.

"Engañaron al Estado en las rendiciones de cuentas elaboradas, a través de la presentación de facturas apócrifas emitidas por empresas ficticias, la simulación de gastos no concretados en favor de otras allegadas a sus miembros, y la utilización de cheques para dificultar el verdadero destino del dinero desviado”, explicó el juez Casanello en su resolución. "A ello se sumó otra irregularidad: la no rendición ante el ministerio de una parte de los desembolsos referidos", agregó.

Qué sostiene la Fiscalía

Según señalaron, entre junio de 2020 y marzo de 2024, Belliboni junto a otros dirigentes llevó a cabo "una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica".

La investigación fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y respaldada por organismos como la Oficina Anticorrupción.

Documentos clave, como el “Cuaderno de movilizaciones Rivadavia 1″ y listas de asistencia a protestas —como la del 1 de mayo de 2023—, muestran un sistema de control estricto que incluía sanciones como descuentos o bajas del programa para quienes no cumplían.

Según la acusación, en febrero de 2024 el Polo Obrero tenía el manejo de 65 mil planes sociales, a los cuales les sustraían una parte del dinero público. La fiscalía estima que solo entre agosto de 2023 y febrero de 2024, la organización recaudó más de 313 millones de pesos a través de estas maniobras.

Durante la investigación, la defensa de Belliboni, a cargo de la abogada Liliana Alaniz, objetó que el juzgado no aceptó sus pedidos de medidas de prueba y denunció penalmente a Pollicita por presuntas filtraciones.