El desalojo en Villa Mascardi deriva en la salida de la ministra de Mujeres
En medio de la interna oficial que desató el desalojo de una comunidad mapuche en Villa Mascardi, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, le presentó este jueves su renuncia al presidente Alberto Fernández, pero aún "no hay respuesta" por parte del jefe de Estado.
Así lo confirmaron fuentes de la Casa Rosada, que detallaron que la renuncia fue presentada luego de que la funcionaria nacional advirtiera "graves" vulneraciones en el procedimiento que realizaron las fuerzas federales a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La situación deriva en una nueva interna que estalló en el Gobierno del Frente de Todos.
Más temprano la titular de la cartera feminista había presentado un escrito en la causa, para hacer saber su preocupación sobre el riesgo de vida que corre la mujer que se encuentra embarazada y advirtió sobre las "graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas".
El pasado miércoles la coordinadora del Programa Acercar Derechos (PAD) en Bariloche se hizo presente en el hospital y tomó intervención luego de que una de las mujeres tuviera que ser trasladada a un centro de salud por posible trabajo de parto y ante la negativa de que pudiera estar acompañada tal como prevé la ley de parto humanizado.
"La funcionaria del MMGyD también se encuentra coordinando el trabajo con el equipo del programa de acceso a la justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación", señalaron fuentes oficiales. En declaraciones radiales, Gómez Alcorta había alertado que "la situación es sumamente preocupante".
"Desde hace más de 48 horas detuvieron a siete mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad. De las siete mujeres, dos de ellas estaban con sus niñes muy chiquitos, de un mes y de cuatro, otra de las mujeres está embarazada de 40 semanas y con algunos temas de presión alta", agregó.
Y subrayó: "Todas las personas tenemos el derecho de contar con una defensa, eso lo dice la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales, en este caso la magistrada negó ese derecho".
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