El Gobierno denunciará por terrorismo a los atacantes que tiraron bombas molotov en el Congreso

Este viernes por la mañana, el Gobierno Nacional confirmó que denunciará por terrorismo a los responsables de los incidentes violentos en el Congreso el miércoles, cuando se trataba el proyecto de la reforma laboral que finalmente fue aprobado.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que los atacantes realizaron una acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional y utilizaron elementos peligrosos como bombas molotov y masas.

En este contexto confirmó que el Gobierno va a presentar una denuncia por terrorismo contra los responsables de los hechos violentos registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.

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La funcionaria detalló que los incidentes no solo representaron una agresión contra las fuerzas de seguridad, sino una acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional.

Monteoliva detalló que se confirmó la presencia de “Gente con bidones de nafta y bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”.

Identificaron a cuatro presuntos agresores y avanzan las denuncias

En paralelo a la decisión oficial de denunciar por terrorismo los hechos ocurridos durante el debate por la reforma laboral, el Ministerio de Seguridad confirmó la identificación de cuatro personas señaladas como presuntos agresores de efectivos policiales durante los disturbios.

-Matías Enzo Roldán, de 27 años, oriundo de Tucumán. No registra actividad laboral formal declarada y fue reconocido a partir de imágenes televisivas en las que se observó un tatuaje en su brazo izquierdo.

-Denis Alejandro Figueredo, de 20 años, vecino de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Según registros oficiales, trabaja en el rubro de la construcción. Fue captado por cámaras mientras arrojaba piedras contra los agentes que custodiaban el perímetro.

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-Federico Alberto Mazzagalli, de 42 años, domiciliado en el barrio porteño de Caballito. Desarrolla actividades vinculadas al diseño especializado, incluyendo indumentaria y diseño gráfico.

-Patricio Hernán Castellán, de 33 años y oriundo de Lomas de Zamora. Según los registros oficiales, se dedica al comercio mayorista y minorista, especialmente a la venta de artículos de talabartería y productos regionales de cuero, plata y alpaca.

Desde la cartera nacional indicaron que se trata del primer grupo identificado y que el análisis de imágenes continúa. Monteoliva afirmó que ya superan los diecisiete reconocidos y que el número podría ampliarse a medida que avance la investigación, con intervención de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Malena Mercuriali.

El encuadre legal y el uso de la figura de terrorismo

En relación con la denuncia anunciada, la ministra sostuvo que los hechos excedieron el marco de una protesta tradicional y que se configuró una conducta orientada a generar caos y presión institucional.

La Ley 26.734 incorpora agravantes para delitos cometidos con la finalidad de sembrar terror en la población o forzar decisiones de autoridades públicas. La calificación como terrorismo implicaría una investigación federal y penas más severas en comparación con figuras como daños o atentado contra la autoridad.

Monteoliva defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y aseguró que se aplicaron los protocolos para evitar un daño mayor. Explicó que la prioridad fue dispersar los focos de violencia antes de avanzar con detenciones directas, debido al riesgo que implicaba intervenir mientras se arrojaban bombas molotov.

Detenidos y balance de la jornada

Durante el operativo conjunto entre la Policía de la Ciudad, la Policía Federal y Gendarmería Nacional se registraron más de setenta detenciones en total, según informó la ministra. Parte de esas personas recuperó la libertad, mientras que otras permanecen a disposición de la Justicia.

La investigación continúa abierta y el Gobierno anticipó que consolidará toda la evidencia recolectada —incluyendo registros de cámaras oficiales y transmisiones televisivas— para avanzar con la denuncia federal y las imputaciones correspondientes.