El Gobierno firmó un dictamen para poder auditar a las universidades

En pleno conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales, que se recrudeció tras el veto presidencial al financiamiento universitario y en medio de tomas de instituciones educativas por parte de estudiantes y docentes, este lunes, se firmó una resolución que habilita al Gobierno a auditar las casas de altos estudios, un movimiento que ha generado controversia y descontento.

La resolución, firmada por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, autoriza a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a controlar los fondos destinados a las universidades, un rol que hasta ahora estaba reservado exclusivamente para la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo que responde al Congreso y no al Poder Ejecutivo.

Qué dice el dictamen que permite las auditorías a las universidades

“Una interpretación literal y armónica de los textos legales en análisis lleva a concluir que las Universidades Nacionales están sometidas, por un lado, al control externo, a cargo de la AGN, conforme lo establecido por la Ley de Administración Financiera a la que remite el artículo 59 de la Ley de Educación Superior, en virtud de lo establecido en el artículo 59 bis de esta última y de conformidad a lo previsto por el artículo 129 de la Ley N.° 27.591. Por otro lado, también están sujetas al control interno, en cabeza de la SIGEN, que le resulta aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 100 de la LAF, como lo contempla expresamente el artículo 59 de la Ley de Educación Superior”, señaló el documento firmado por Barra.

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Con una resolución, firmada por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) controlará los fondos destinados a las universidades. Foto: Google.

Tensión entre el Gobierno y las Universidades

La situación se ha vuelto aún más tensa después de que el presidente Milei vetara un proyecto aprobado por el Congreso que buscaba aumentar los salarios del personal docente y no docente, desencadenando una ola de manifestaciones y actos de violencia en los edificios educativos. “El mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos”, expresó el presidente, reflejando su postura crítica hacia el sistema educativo actual.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que una de las intenciones del Ejecutivo es garantizar que las universidades cumplan con los mismos estándares de transparencia que exige la administración pública en sus procedimientos de compra. Desde el Gobierno, se asegura que la medida no afectará la autarquía de las universidades, pero las instituciones se encuentran en estado de alerta ante un posible incremento del control estatal.

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La Marcha Federal Universitaria generó una fuerte repercusión. Ahora, los gremios docentes universitarios rechazaron un aumento que consideraron insuficiente.

Ante los dichos del Gobierno, la comunidad universitaria no tardó en reaccionar, tomando facultades y con movilizaciones que reflejan el malestar, por lo que muchos consideran una injerencia del Gobierno en la autonomía universitaria. Mientras tanto, los funcionarios continúan defendiendo la resolución como un paso hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas.

Si bien el conflicto es entre la Universidad y el Gobierno, se volvió tema nacional de discusión en el ámbito político y social, con voces que advierten sobre el riesgo de un debilitamiento de la educación pública en un país donde la pobreza afecta a una gran parte de la población. Las universidades, en medio de este conflicto, se enfrentan a un futuro incierto mientras el Gobierno continúa su agenda de control y supervisión.