Sesiona el Senado: el acuerdo que el Gobierno busca cerrar con holdouts y cambios en el control de armas

El Senado volverá este jueves al recinto en una sesión cargada de temas sensibles para el Gobierno nacional. Entre los puntos principales aparece el tratamiento de un acuerdo con dos fondos holdouts por u$s171 millones, una iniciativa que el oficialismo busca aprobar rápidamente para enviarla a Diputados antes de fin de mes.

Pero la jornada parlamentaria no girará únicamente alrededor de la deuda externa. La Cámara alta también avanzará con la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria de armas y con la continuidad del camarista federal Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El debate además promete fuertes cruces políticos. Desde el kirchnerismo anticiparon cuestiones de privilegio contra distintas medidas del Gobierno libertario, mientras que el oficialismo intentará consolidar acuerdos con sectores dialoguistas para garantizar el funcionamiento pleno del Senado.

Cómo es el acuerdo que el Gobierno busca cerrar con los holdouts

El convenio fue negociado con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, dos acreedores que mantenían litigios abiertos contra la Argentina bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto enviado por la Casa Rosada, ambos grupos aceptarán una quita superior al 30% sobre las sentencias firmes que reclamaban.

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El Estado argentino desembolsará aproximadamente u$s67 millones para Bainbridge y otros u$s104 millones para Attestor. El acuerdo ya obtuvo dictamen en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y ahora necesita aprobación parlamentaria para continuar su recorrido legislativo.

Uno de los puntos centrales del convenio aparece relacionado con el mecanismo internacional conocido como “Entrega contra Pago” (DVP). Ese formato implica que los fondos serán liberados únicamente cuando se concrete simultáneamente la cancelación de los bonos involucrados en el litigio.

Además, los acreedores asumirán los costos judiciales derivados de las demandas iniciadas contra el país.

El documento también incorpora una cláusula de “standstill”, que impide a los holdouts avanzar con nuevas acciones judiciales o interferir en operaciones financieras argentinas mientras se completa la operación.

El punto que más interesa al Gobierno: el final de investigaciones sobre bienes argentinos

Dentro de la Casa Rosada consideran que el acuerdo podría aportar otro beneficio importante para la Argentina. El texto firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro Juan Bautista Mahiques incluye un apartado que permitiría avanzar hacia el cierre de investigaciones vinculadas a activos argentinos en el exterior.

Eso abarca procesos conocidos como “Discovery”, utilizados por acreedores internacionales para rastrear información sobre cuentas bancarias, privatizaciones y otros bienes del Estado.

Durante años, esos mecanismos fueron utilizados por distintos fondos litigantes para intentar detectar activos argentinos susceptibles de embargo. El oficialismo considera que cerrar esos expedientes aportaría previsibilidad financiera y reduciría riesgos vinculados a futuros litigios internacionales.

El Senado también debatirá la entrega voluntaria de armas

Otro de los proyectos que se tratarán durante la sesión aparece vinculado al programa nacional de entrega voluntaria de armas. La iniciativa ya había sido aprobada previamente en Diputados y propone extender el sistema hasta el 31 de diciembre de 2027.

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El Senado debatirá un acuerdo millonario con holdouts y la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria de armas.

Además, incorpora cambios para agilizar los procedimientos de regularización y registro de armas de fuego. Semanas atrás, durante el debate en comisión, expuso el director ejecutivo del RENAR, Juan Pablo Allan.

El funcionario defendió el proceso de digitalización impulsado por el organismo y aseguró que uno de los objetivos principales consiste en facilitar la registración de usuarios legales.

“La burocracia y la papelización alejaban al legítimo usuario”, sostuvo Allan durante su presentación ante senadores. Según explicó, el RENAR logró aumentar en un 20% la cantidad de objetos registrados en apenas dos años.

Las cifras oficiales indican que el registro pasó de 300.000 a 360.000 armas declaradas, aunque el organismo estima que todavía existirían alrededor de 600.000 en manos de usuarios habilitados.