El Gobierno realizará nuevas denuncias contra petroleras, directores y gerentes que operan en Malvinas

El Gobierno Nacional anunció que realizará otra denuncia penal contra petroleras que operan en las Islas Malvinas, en el marco del reclamo de soberanía argentina por las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan en el archipiélago. La decisión fue comunicada este miércoles por la Oficina del Presidente.

Según informaron desde presidencia, las acciones judiciales no estarán dirigidas únicamente contra las compañías involucradas, ya que también buscarán individualizar a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan participado en las decisiones vinculadas con esas operaciones.

El comunicado oficial precisó que las nuevas acciones judiciales derivarán tanto en la ampliación de causas ya en trámite como en la apertura de expedientes nuevos. El Ejecutivo remarcó que buscará “responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando” la soberanía nacional sobre el archipiélago.

Malvinas: cuáles son las empresas que serán denunciadas

Según información de fuentes oficiales, esta nueva presentación alcanzará a cinco empresas petroleras: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited; Rockhopper Exploration (Oil) Limited; Borders & Southern Falkland Islands Limited; Borders & Southern Petroleum PLC; y Desire Petroleum Limited.

La medida se enmarca en la escalada de sanciones que el Gobierno viene sosteniendo en los últimos días, tras la cadena nacional que encabezó Javier Milei para advertir los riesgos del avance del proyecto petrolero Sea Lion.

En ese contexto, la Cancillería a cargo de Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, ya había presentado este lunes una primera denuncia penal contra cinco compañías vinculadas a la iniciativa: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

60 investigados hasta el momento

De acuerdo con lo informado por el propio Gobierno en los días previos, son 60 las personas humanas y jurídicas que quedaron bajo procedimientos sancionatorios por presuntas infracciones a la Ley 26.659, una normativa que establece restricciones para el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.

La ley fue sancionada en 2011 y establece que ninguna persona física o jurídica puede realizar tareas de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin contar con la correspondiente habilitación de la autoridad argentina competente. La normativa busca establecer un marco de control sobre este tipo de operaciones y alcanza a quienes participen directa o indirectamente de actividades no autorizadas.

Además, el régimen contempla sanciones e inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para los responsables de las infracciones. En este contexto, los procedimientos iniciados por el Gobierno apuntan a determinar el grado de participación de cada una de las personas y empresas involucradas y establecer las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.

La cifra de 60 investigados incluye tanto personas humanas como jurídicas, por lo que las actuaciones no se concentran únicamente en las compañías que desarrollan las operaciones. El proceso también puede alcanzar a quienes tengan responsabilidades de dirección, administración, representación o intervención en las decisiones vinculadas con las actividades hidrocarburíferas cuestionadas.

Los anuncios de Milei por Malvinas: qué es el juicio en ausencia para petroleras.

Días atrás, el Ejecutivo había firmado el Decreto 868/2026, publicado en el Boletín Oficial el 4 de septiembre, con el objetivo de acelerar los trámites administrativos vinculados a estas infracciones.

La seguidilla de anuncios se da en simultáneo con otras medidas vinculadas a reforzar la soberanía, como el envío de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso y la instrucción presidencial para priorizar el desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego dentro del Presupuesto 2027, que el Gobierno debe enviar este 15 de septiembre.