Fuertes cuestionamientos al protocolo anti piquetes

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresó su rechazo al "protocolo para el mantenimiento del orden público" propuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de garantizar la libre circulación frente a la organización de piquetes. La APDH anticipa su intención de buscar la "derogación por vía judicial" de dicho protocolo.

En opinión de la APDH, el protocolo en cuestión es una versión actualizada de aquel presentado por la misma funcionaria al mes de asumir su cargo durante el gobierno de Mauricio Macri, el cual nunca se implementó debido a su manifiesta ilegalidad.

La APDH sostiene que este protocolo contraviene por completo el ordenamiento jurídico existente, abriendo la posibilidad de que las fuerzas de seguridad federales cometan delitos graves al reprimir a quienes participen en marchas y movilizaciones callejeras.

En este contexto, la ministra Patricia Bullrich presentó el protocolo con el objetivo de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes, generando el rechazo de agrupaciones sociales y líderes políticos que lo consideran "inconstitucional" y una "amenaza" ante posibles conflictos sociales derivados de las medidas gubernamentales.

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Patricia Bullrich presentó el protocolo anti piquetes.

Los argumentos por la inconstitucionalidad

La APDH sostiene que el Estado, en todos sus niveles, debe garantizar el respeto a los derechos de disentir y reclamar, utilizando la fuerza pública para proteger el ejercicio de estos derechos, nunca para reprimirlos.

En este contexto, se subraya que la protesta social pacífica, en sus diversas manifestaciones, es parte integral de la expresión democrática, ya que la democracia se sustenta en la posibilidad de convivir incluso en medio de desacuerdos.

Para la APDH, la libertad de expresión y los derechos derivados de ella son fundamentales para la democracia, y el protocolo propuesto es considerado "inconstitucional y rotundamente antidemocrático". La Asamblea anuncia su rechazo a la decisión gubernamental y su compromiso en la defensa de las libertades y derechos fundamentales que la norma busca limitar.

En cuanto a la normativa, la Convención Americana de Derechos Humanos, con rango constitucional en Argentina, consagra el derecho a la protesta junto con otros derechos como la libertad de expresión, reunión y asociación, así como el de no discriminación. La relatoría especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2019 define la protesta como una forma de acción dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación.