El peculiar ofrecimiento no convenció a la fiscal. Qué propusieron otros imputados por el ataque al edificio y los desmanes de 2021 en Rawson.
El ataque a la Casa de Gobierno de Chubut fue el 16 de diciembre de 2021, en una marcha contra la minería en la provincia.
Una jueza de Chubut tendrá que decidir si acepta el peculiar ofrecimiento de una mujer acusada por el incendio intencional de la Casa de Gobierno durante una marcha de protesta realizada a fines de 2021 en Rawson, la capital provincial.
Según difundió el Ministerio Público Fiscal local, para evitar que su defendida vaya a juicio, uno de los abogados defensores de la causa propuso que done seis bolsones de fideos para entidades de bien público en el plazo de ocho meses.
En su propuesta de acuerdo abreviado, incluyó además una condena de dos años de prisión en suspenso (no se cumplen) y la obligación de presentarse periódicamente en la Oficina Judicial.
La fiscal de Rawson no estuvo dispuesta a aceptar el trato e insistió con que la mujer y los otros 7 acusados, que entre otros peculiares resarcimientos ofrecieron además el pago de dinero, sean sometidos a un proceso de juicio penal.
De este modo, la palabra final es de la jueza de garantías María Laura Martini, que tiente tiempo hasta el lunes 26 de agosto para tomar la decisión.
Los incidentes que fueron investigados y por los que al menos ocho personas podrían llegar a juicio oral y público si no se avalan sus ofrecimientos, se produjeron el 16 de diciembre de 2021, en una masiva marcha en oposición al tratamiento de una ley que habilitaría la explotacion minera en la provincia.
Si bien la enorme mayoría de los manifestantes se expresó de manera pacífica, un pequeño grupo inició las llamas que tomaron parte de la Casa de Gobierno y los árboles de la plaza contigua.
Además hubo enfrentamientos con la policía y daños en otros bienes públicos.
Las propuestas de los acusados
La posibilidad de donar bolsones de fideos fue presentada por el abogado Pablo Sánchez en representación de Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza, que según aclararon desde el Ministerio Fiscal, llegó a la audiencia con una hora de atraso.
Otros tres imputados, en tanto, fueron declarados en rebeldía por estar ausentes. Tanto ellos como los que sí asistieron, pretenden un acuerdo abreviado, en las condiciones que fueron presentadas por Sanchez y por Miguel Moyano, los abogados a cargo de las defensas.
Brian Osvaldo Díaz, imputado por daño agravado con un pedido de pena de tres años y ocho meses de prisión, produjo daños en el Superior Tribunal de Justicia y en la Fiscalía de Rawson. En su caso, ofreció una reparación de 250.000 pesos en el plazo de un mes para reparar edificios públicos o para ser donados a una entidad de bien público.
Por Gastón Velázquez, imputado por daño y hurto agravados, la defensa pidió la suspensión de juicio a prueba por dos años y ofreció una reparación de 200.000 pesos para los mismos fines. En su caso, la fiscal pidió cuatro años de prisión por los daños a pedradas del frente del Superior Tribunal de Justicia y el robo de un matafuego del interior de la oficina de la Procuración General, que funcionan en el edificio de la Casa de Gobierno.
Lucas Alexis Espinoza Andrade, imputado por daño agravado por arrojar y dañar los vidrios de un vehículo del Área de Finanzas de la Policía del Chubut, cerca de la Comisaría de Rawson, se pidió la suspensión de juicio a prueba por seis años.
Este acusado es un estibador en el Puerto de Rawson que ofreció hacer 200 horas de trabajo comunitario.
Por último, Nicolás Alejandro Díaz (imputado por hurto agravado y que también llegó a la audiencia una hora después, ofreció 100 horas de trabajo comunitario. Durante los desmanes, precisaron desde el Ministerio Fiscal, hurtó un bidón de 20 litros de un dispenser de agua.
El imputado hace changas de limpieza de patios y tiene antecedentes penales y una pena en carácter de condicional.
El rechazo de la fiscal de Chubut
En el debate, la fiscal Florencia Gómez insistió en que los imputados por los incendios, daños y desmanes antimineros producidos en diciembre de 2021 sean sometidos a juicio oral y público, luego de la investigación que permitió reunir elementos de prueba para realizar las imputaciones.
Fundamentó su posición con la gravedad de los hechos, la afectación de los bienes públicos, “el interés público prevalente” y el temor generado en la población.
El incendio se generó en medio de una movilización masiva, y además se extendió durante varias porque, por la presencia de decenas de miles de personas y los enfrentamientos de los grupos revoltosos con la policía, los bomberos no podían acceder al lugar para combatir el fuego.
Gómez citó además dos fallos recientes del Superior Tribunal de Justicia que dispusieron en casos similares (incendios en la Legislatura durante una protesta docente) sean sometidos a juicio oral y público.
También argumentó que el Estado provincial afectado -representado por la Fiscalía de Estado- se opone a la “suspensión de juicio a prueba”.
En contraste, a principios de agosto se conoció que un hombre que confesó su participación en los incidentes logró un acuerdo de suspensión de juicio, a partir de su compromiso a cumplir con trabajo comunitario y el pago comunitario.
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