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La AFA desvió USD 42 millones : quiénes son los patagónicos vinculados a las sociedades fantasma

Se trata de firmas sin actividad declarada en EE.UU. Los titulares declarados viven en la Patagonia y sus perfiles son incompatibles con el manejo de sumas millonarias.

La administración de los fondos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en medio de un escándalo, tras conocerse detalles de una compleja operatoria financiera montada desde Estados Unidos. Movimientos por millones de dólares, transferencias a sociedades sin actividad visible y la falta de información clara sobre los beneficiarios finales configuran un escenario que ya genera consecuencias judiciales y administrativas.

Durante un período de cuatro años, una estructura bancaria internacional canalizó más de USD 260 millones vinculados a ingresos de la Selección Argentina, patrocinadores y derechos comerciales. Parte de ese dinero terminó en sociedades registradas en Florida sin empleados ni actividad declarada, un dato que profundizó las dudas sobre la transparencia del sistema.

El eje de este circuito fue una cuenta en Estados Unidos utilizada para centralizar cobros y pagos en el exterior. Desde allí, al menos USD 42 millones se distribuyeron entre cuatro firmas que, según registros oficiales, no desarrollan operaciones comerciales reales.

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Transferencias vinculadas a ingresos de la AFA terminaron en firmas radicadas en Florida que no registran empleados ni operaciones comerciales visibles.

Transferencias vinculadas a ingresos de la AFA terminaron en firmas radicadas en Florida que no registran empleados ni operaciones comerciales visibles.

La falta de correspondencia entre esos flujos y los balances presentados en Argentina abrió una zona gris que hoy concentra la atención de la Justicia y de los organismos de control.

La empresa clave y el circuito internacional

El corazón operativo del esquema fue TourProdEnter LLC, una sociedad creada en Florida en agosto de 2021. Pocos meses después de su constitución, la firma quedó designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior, tras la aprobación del comité ejecutivo encabezado por Claudio Chiqui Tapia.

Desde entonces, TourProdEnter concentró la recaudación proveniente de sponsorización, derechos televisivos y partidos amistosos, gestionando pagos y transferencias internacionales. Los registros bancarios muestran que la firma operó cuentas en Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus, por donde circularon cientos de millones de dólares.

Entre los principales aportantes aparece Adidas, cuyas transferencias superaron los USD 78 millones. También figuran empresas vinculadas al streaming oficial y a la comercialización de contenidos. Sin embargo, una porción relevante del dinero siguió un camino alternativo hacia Adcap Uruguay, que recibió cerca de USD 110 millones para operaciones financieras vinculadas a bonos.

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Desde Adcap reconocieron su rol como intermediario y sostuvieron que las operaciones respetaron la normativa vigente. Aun así, los balances presentados ante la Inspección General de Justicia solo reflejan una mención aislada a TourProdEnter, sin detallar su función central en la estructura internacional.

Sociedades fantasma y cuatro patagónicos involucrados

El aspecto más delicado del esquema aparece en el destino de USD 42 millones enviados a cuatro sociedades radicadas en Florida: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Estas firmas no registran empleados, carecen de actividad comercial y operan desde direcciones de “oficina virtual”.

Según publica La Nación, los titulares declarados de esas compañías residen en Bariloche y presentan perfiles económicos incompatibles con el manejo de sumas millonarias. Entre ellos figuran empleados de pequeños comercios, personas con deudas relevantes y antecedentes de insolvencia. En un caso, incluso, una de las LLC recibió transferencias luego de haber sido oficialmente disuelta, un dato que refuerza las sospechas.

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Entre los involucrados están Javier Alejandro Ojeda Jara, asociado a Soagu Services LLC, quien enfrenta deudas millonarias en Argentina y trabaja en una farmacia en Bariloche.

Su pareja, Mariela Marisa Schmalz, titular de Marmasch LLC, también reside en la localidad rionegrina y cuenta con antecedentes judiciales y bancarios negativos.

También están Verónica Inés López, responsable de Velp LLC, y su pareja Roberto Salice, vinculado a Velpasalt LLC, quien fue declarado en quiebra en 2019 bajo sospecha de fraude, con el proceso cerrado por ausencia de activos. Salice negó vínculos con TourProdEnter LLC y aseguró que su papel era únicamente el de “manager”.

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Chiqui Tapia, cuestionado por la gente, avalado por los dirigentes y enfrentando ataques del gobierno nacional.

Chiqui Tapia, cuestionado por la gente, avalado por los dirigentes y enfrentando ataques del gobierno nacional.

Las direcciones comerciales declaradas en Miami no coinciden con empresas visibles en los edificios señalados, y dos de las sociedades utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc., una firma mencionada en investigaciones internacionales por facilitar estructuras opacas.

Intentos periodísticos de contactar a los responsables resultaron infructuosos. Desde el entorno de TourProdEnter defendieron la legalidad de la operatoria y su encuadre contractual. Sin embargo, la ausencia de desagregación en los balances oficiales y la imposibilidad de rastrear con claridad el destino final de los fondos mantienen abiertos los interrogantes.

Avance judicial y una causa paralela

En paralelo, la Justicia argentina profundiza una investigación por presunto lavado de dinero vinculada a la adquisición de una mansión en Villa Rosa, Pilar, y a un patrimonio difícil de justificar. En esa causa declararán Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos prestanombres de dirigentes del fútbol.

El expediente se encuentra a cargo del juez Marcelo Aguinsky, quien ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de los involucrados. Las pericias detectaron una brecha marcada entre los bienes registrados y la capacidad contributiva declarada, lo que fortaleció la hipótesis judicial.

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