Así lo comunicó la Dirección General Impositiva, tras un operativo de fiscalización. No tenían la documentación requerida.
La Aduana, a través de la Dirección General Impositiva (DGI) de la AFIP, realizó operativos de fiscalización que resultaron en una intervención tras detectar más de 2.800 toneladas de ajo almacenadas en galpones de acopio en Mendoza que no contaban con el respaldo en la documentación.
Aquella mercadería fue decomisada debido a la falta de documentación que respalde su trazabilidad, como facturas o Documento de Tránsito Vegetal (DTV).
Según los datos aportados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la totalidad de las toneladas de ajo interdictas está valuada en aproximadamente $2800 millones. El hallazgo equivaldría a más de 100 camiones cargados de ajo.
Estas acciones de control y fiscalización desarticularon presuntas maniobras irregulares relacionadas con la producción y comercialización de productos agrícolas. Los operativos, realizados en colaboración con fuerzas de seguridad, tuvieron lugar en Tupungato, Valle de Uco, Colonia Bombal y Maipú, provincia de Mendoza.
A qué se debe la intervención de Aduana
La causa principal de la interdicción es la falta de respaldo documental válido que justifique la tenencia de la mercadería almacenada. La AFIP monitoreó la actividad en la zona y observó movimientos inusuales en terrenos con actividades no declaradas, lo que llevó a la realización de los operativos.
Los agentes especializados del organismo, con la colaboración de la Gendarmería Nacional, inspeccionaron las plantas de acopio, donde se encontraron cantidades abundantes de ajo en infracción: 2.500 toneladas en una planta y 350 toneladas en otra, las cuales fueron interdictas en su totalidad. Los responsables de las plantas no pudieron presentar la documentación que respaldara la legalidad de la tenencia de la mercadería, lo que sugiere que podría haber sido adquirida de manera irregular.
Estas acciones de la AFIP no sólo representan una lucha contra la competencia desleal, sino también una defensa de los productores agropecuarios que operan de acuerdo con las normativas vigentes.
Había antecedentes en Mendoza
No es la primera vez que Mendoza está apuntada por la AFIP, mucho menos si pensamos en el ajo como protagonista de la historia.
Si nos remontamos a febrero del 2023, una investigación de la Aduana, en aquel momento dirigida aún por Guillermo Michel (antes de la asunción de Milei y el nombramiento de Florencia Misrahi), había detectado fuertes irregularidades.
En aquel momento se encontró una empresa que había exportado ajo a Brasil por un monto superior a los $135 millones. Sin embargo, a la hora de realizar el análisis, se podían hallar numerosas irregularidades que llamaron la atención a la AFIP. El modus operandi implicó, primero, una denuncia ante la justicia.
Según explicaron, la empresa en cuestión no podía dar una explicación lógica sobre cómo había adquirido la mercadería. Ante la falta de respuestas claras, se interpretó que la firma no contaba con ningún tipo de respaldo para realizar esas exportaciones.
De hecho, el domicilio fiscal que había declarado la exportadora (que ya habían vendido más de 700 toneladas de ajo) se trataba de una vivienda familiar, que no daba indicio alguno de que allí tuviera lugar una actividad comercial.
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