La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2026 y pasa al Senado
Con 132 votos a favor, se dio media sanción a la ley de gastos e ingresos impulsada por el oficialismo.
La Cámara de Diputados aprobó en general en la madrugada del jueves el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno nacional, en una sesión maratónica que reflejó la tensión política en torno a la política fiscal del presidente Javier Milei. La iniciativa obtuvo 132 votos afirmativos, 97 en contra y 19 abstenciones, y ahora será girada al Senado, donde el oficialismo intentará sancionarla antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.
El proyecto, que por primera vez lleva la firma de un Poder Ejecutivo encabezado por economistas y con superávit fiscal, según lo destacó La Libertad Avanza, proyecta para 2026 un crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno, una inflación anual de 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para diciembre del año próximo. En el recinto, el libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto, defendió el texto como un instrumento técnico que “honra el equilibrio fiscal” y que representa un “principio moral: no gastar más de lo que se tiene”.
A pesar de haber logrado la aprobación en general, el tratamiento del presupuesto está lejos de concluir. Desde la medianoche se comenzó a votar en particular, por capítulos, tal como lo había propuesto el oficialismo en la reunión de Labor Parlamentaria. El proyecto contiene 12 capítulos, y varios artículos clave generaron fuertes cruces, particularmente el 75, que propone derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario aprobadas este año por el Congreso y luego vetadas por Milei.
El debate
Desde la oposición, la diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) rechazó el enfoque del oficialismo, denunciando que el presupuesto “profundiza el ajuste, la recesión y la pérdida del poder adquisitivo”. Su par, el exministro Jorge Taiana, fue más allá y calificó al texto como “inverosímil”, “hecho a medida del pacto con el FMI”, y aseguró que desfinancia la educación, la ciencia y la tecnología en beneficio de intereses concentrados.
Uno de los artículos más cuestionados por la oposición y organizaciones sociales es el 70, que elimina la movilidad automática de las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), desligándolas del índice previsional. En paralelo, el artículo 69 da marcha atrás con la ampliación de la Ley de Zonas Frías votada en 2021, restringiendo los subsidios al gas solo a la Patagonia, Malargüe y la Puna.
A su vez, el artículo 30 deroga financiamiento para leyes vinculadas a la educación, ciencia y defensa nacional, mientras que el artículo 74 autoriza al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para cumplir con el fallo de la Corte Suprema que ordena devolver fondos de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta última inclusión fue clave para garantizar el apoyo del PRO.
Desde la izquierda, la diputada Myriam Bregman denunció que el proyecto es un “presupuesto del Fondo Monetario Internacional” y criticó que “cuando llega la hora de votar, muchos se esconden como ratas en una cañería”. Por su parte, el radical Lisandro Nieri sostuvo que la propuesta del Ejecutivo “recupera el crédito y la normalidad fiscal”, aunque consideró que aún hay margen para mejorar la calidad del gasto.
Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) expresó preocupación por la estrategia económica del Gobierno, a la que calificó como “devastadora para la industria y el empleo”, y advirtió sobre el impacto negativo del ingreso masivo de productos importados. También apuntó contra el creciente protagonismo de China en las relaciones exteriores del Ejecutivo.
En el cierre del debate, Fernando De Andreis (PRO) respaldó la ley a pesar de las diferencias de enfoque, y pidió acelerar los procesos de privatización de empresas públicas. Máximo Kirchner (UP) cuestionó que el ajuste recaiga sobre sectores vulnerables como los jubilados, las personas con discapacidad y los estudiantes, y calificó el Presupuesto como “una herramienta de disciplinamiento fiscal sin sensibilidad social”.
El Presupuesto 2026
El proyecto contempla un gasto total superior a los $400 billones y estima un superávit financiero sin recurrir a la emisión monetaria. También prevé la prórroga hasta 2045 de beneficios impositivos para la energía renovable, y la eximición de impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono para el gasoil importado, lo que fue objetado por sectores productivos del interior, como los bloques patagónicos.
Con la aprobación en general, el Gobierno nacional da un paso clave para ordenar sus cuentas con una hoja de ruta propia. Sin embargo, el trámite legislativo continúa con la votación en particular y luego en el Senado, donde el oficialismo necesita reeditar las alianzas construidas en Diputados para lograr la sanción definitiva. La negociación con bloques provinciales y aliados dialoguistas será determinante en el tramo final del año legislativo.
El controversial capítulo 11
La caída del capítulo 11, que apenas logró 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones, fue celebrada con euforia por toda la oposición.
En la votación en general, La Libertad Avanza consiguió sumar a sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas minoritarias vinculadas a distintas provincias.
En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.
El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos.
Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.
También se cayó del proyecto la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, como quería el Gobierno.
La controversia se desencadenó porque el oficialismo incorporó todas estas medidas en el capítulo 11, para condicionar a distintas fuerzas políticas a acompañar todo un paquete de medidas, sin poder pronunciarse a favor o en contra de ellas de manera diferenciada.
“Es una extorsión”, acusó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que advirtió que quienes votaran a favor del artículo 75 estarían “violando la ley de administración financiera”.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, explicó el mecanismo utilizado por el oficialismo para blindar el artículo 75, y lo catalogó como una “perversidad”.
"Para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el capítulo 11 para que el resto no se pueda despegar del artículo 75".
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