El proyecto aprobado por el Senado será enviado ahora al Ejecutivo, que ya anticipó la posibilidad de un veto.
Jair Bolsonaro fue condenado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil a más de 27 años de prisión.
El Congreso de Brasil aprobó un proyecto de ley que modifica el régimen de penas aplicable a Jair Bolsonaro y a otros condenados por la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones presidenciales de 2022.
En septiembre de este año, el expresidente recibió una pena de 27 años de prisión por los hechos registrados el 8 de enero de 2023, cuando cientos de seguidores de Bolsonaro asaltaron las sedes del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal, en Brasilia.
La iniciativa, que ya había recibido aval de la Cámara de Diputados, obtuvo este miércoles 48 votos a favor y 25 en contra en la Cámara alta. Ahora, será enviada para la sanción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La norma introduce cambios fundamentales en la forma de computar las condenas por delitos contra el Estado democrático de derecho. Entre los puntos más relevantes, impide la acumulación de penas por dos de los crímenes atribuidos al expresidente: el intento de abolición violenta del orden democrático y el delito de golpe de Estado.
El proyecto establece que, al tratarse de figuras penales consideradas similares, solo se aplicará la pena correspondiente al delito más grave. En este caso, sería el de golpe de Estado, que prevé una condena de hasta 12 años de prisión y no se sumaría a la pena de hasta ocho años prevista para el otro delito.
En paralelo, el texto aprobado introduce una reducción de penas cuando los crímenes vinculados al golpismo hayan sido cometidos como parte de una “multitud”.
Otro de los puntos importantes de la iniciativa es la modificación de las condiciones para el cumplimiento de la condena. El proyecto permite una progresión más rápida del régimen cerrado al semiabierto para los condenados por estos delitos, al cumplir al menos una sexta parte de la pena.
Bajo este esquema, Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, podría abandonar el régimen cerrado en poco más de dos años, aunque la normativa indica que durante un período posterior debería continuar cumpliendo con ciertas obligaciones como pernoctar en prisión y permanecer detenido durante los fines de semana, en plazos que deberá definir la Justicia.
La ley también alcanza a otros condenados por los hechos posteriores a las elecciones de 2022, entre ellos altos mandos militares y exministros que respaldaron los planes del expresidente para mantenerse en el poder tras su derrota frente a Lula en las urnas.
Un proyecto que sufrió cambios antes de ser votado en el Senado
Durante el tratamiento previo en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, el autor del proyecto, Esperidião Amin, aceptó incorporar una enmienda que restringe el alcance de la reducción de penas.
La modificación, en específico, limita los beneficios exclusivamente a las condenas vinculadas a los actos golpistas posteriores a las elecciones de 2022.
La enmienda fue presentada como un “ajuste de redacción” con el objetivo de evitar que el proyecto regresara a la Cámara de Diputados.
Uno de los cuestionamientos centrales al texto original era que podía interferir en sentencias ya firmes dictadas por el Supremo Tribunal Federal y extender beneficios a condenados por otros delitos graves.
Para Amin, el espíritu de la ley apunta a “corregir distorsiones” en las condenas dictadas por los hechos del 8 de enero. Según sostuvo, “hay consenso en que la mano (del Supremo a la hora de juzgar) ha sido muy dura”.
La reacción del Gobierno: "Lula vetará el proyecto”
La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, calificó la aprobación del proyecto como un “grave retroceso” y afirmó que la reducción de penas representa “una falta de respeto a las decisiones del Supremo Tribunal Federal y un grave retroceso a la ley que protege la democracia”.
Hoffmann adelantó que el presidente Lula “lo vetará” y cuestionó el rol de la conducción oficialista en la Comisión de Constitución y Justicia, al considerar que actuó en contra de la posición original del Poder Ejecutivo, que se oponía a la iniciativa.
En caso de que el veto ocurra, el Congreso Nacional tiene la facultad de rechazar el veto y convertir la iniciativa en ley sin la firma del mandatario.
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