¿La SIDE se gastó el 80% del presupuesto? El debate por los $100 millones

El Gobierno anunció el plan de adquisición de equipamiento y tecnología con los $100.000 millones destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dinero asignado mediante un DNU. En las últimas horas hubo una notoria polémica al respecto, ya que circuló el rumor que se habían gastado el 80% del presupuesto en apenas unas semanas.

Es por eso que un alto funcionario comentó a TN que el objetivo de la SIDE en este momento es reponer el equipamiento que se llevó la gestión anterior de Caamaño y establecer una nueva estructura operativa.

Desde la Casa Rosada niegan que el 78% del presupuesto asignado a través de este decreto haya sido gastado. Se argumenta que los 78.000 millones de pesos están devengados en el presupuesto debido a que ya se ha decidido su destino, pero se niega que hayan sido efectivamente utilizados.

El gobierno está trabajando para acelerar la formación de la comisión bicameral de Inteligencia, aunque todavía no se ha llegado a un consenso sobre quién la presidirá. La reunión está programada para el martes a las 16 horas, y el núcleo de Balcarce 50 propone que sea Edgardo Kueider quien la lidere. Por otro lado, el PRO busca impulsar la candidatura de Enrique Martín Goerling Lara.

¿Quién supervisa los gastos de la SIDE?

Este órgano legislativo tendrá la responsabilidad de supervisar las actividades y gastos de la central de inteligencia. Entre sus funciones está la posibilidad de promover la derogación del DNU que asigna los 100.000 millones de pesos de gastos reservados, así como declarar inconstitucional la reestructuración impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo en colaboración con Sergio Neiffert.

En esta reestructuración, el Gobierno ha reformado la SIDE dividiéndola en cuatro agencias diferentes: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), y la División de Asuntos Internos (DAI), la cual todavía no cuenta con un director.

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La renovación de la SIDE fue impulsada en parte por Santiago Caputo.

Fuentes cercanas a TN informan que el Ejecutivo ha elegido a un juez federal para liderar la DAI, quien ya ha solicitado una licencia ante la Corte Suprema. Se han mencionado los nombres de Sandra Arroyo, Ariel Apolo y Jorge Rodríguez, aunque desde Balcarce 50 no han confirmado ninguno.

Además, la Casa Rosada ha modificado el sistema de rendición de cuentas de la secretaría de Inteligencia. El presupuesto se ejecutará por misión, y los agentes deberán presentar informes sobre los excedentes de cada operación.

Cómo es el cambio

"Los agentes ahora deben rendir cuentas por cada misión para evitar el desvío de fondos. Anteriormente, una operación podía estar financiada conjuntamente con otro servicio, lo que permitía a algunos agentes quedarse con el sobrante", explicó un funcionario a este medio.

El Gobierno está apresurando la adquisición de equipamiento para la central de inteligencia y busca mejorar la tecnología actual. El desglose de los gastos deberá presentarse trimestralmente ante la comisión bicameral, cuya conformación se espera para este martes.

El Ejecutivo mantiene un conflicto con el diputado de Encuentro Federal, Emilio Monzó, sobre la composición de la comisión, y busca fortalecer los vínculos con la UCR y el PRO para asegurar que Kueider asuma la presidencia.

Unión por la Patria cuenta con seis votos, representados por Paula Penacca, Enrique "Wado" de Pedro, Germán Martínez, Oscar Parrilli, Leopoldo Moreau y María Florencia López. Por su parte, el PRO tiene a Cristian Ritondo, Goerling Lara y Edith Elizabeth Terenzi, quien mantiene una alianza provincial con el gobernador Ignacio Torres de Chubut.

La UCR ocupa dos lugares con Martín Lousteau y Mariela Coletta, mientras que La Libertad Avanza ha nominado a Gabriel Bornoroni y a César Treffinger. Kueider se encuentra bajo la representación de Unidad Federal.

La reestructuración de la SIDE y la asignación de fondos reservados han generado un amplio debate político y mediático, resaltando la necesidad de un control más riguroso sobre el uso de recursos públicos en áreas tan sensibles como la inteligencia y seguridad nacional.