Ley Ómnibus: Javier Milei le pide al Congreso facultades para gobernar por decreto durante su mandato

La fecha del 5 de abril de 1992 tal vez no quiera decir nada para los argentinos, pero si está grabada en la historia de Perú. Ese día el presidente Alberto Fujimori promulgaba un decreto que ordenaba la disolución del Congreso, de mayoría opositora. También disolvía la Justicia. Eso fue recordado como Fujimorazo. Previo a ello, durante los dos años anteriores, el Congreso le había delegado en 15 oportunidades facultades legislativas y por esa vía el ex presidente había promulgado 158 leyes.

Salvando la grandes distancias, la denominada "Ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos" enviada por el presidente Javier Milei al Congreso arranca con un pedido de delegación de facultades legislativas hasta diciembre de 2025 prorrogable por el propio Poder Ejecutivo por dos años mas.

Dicho en otros términos, salvo para las cuestiones impositivas y electorales, el gobierno de la Libertad Avanza le está pidiendo a los diputados y senadores que se hagan a un lado por estos cuatro años, y que los va a convocar tan solo para las materias en las que no puede haber delegación.

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¿Milei podría gobernar por decreto durante 4 años?

En el Capítulo II que habla de la Declaración de Emergencia Pública, en el articulo 3 el Poder Ejecutivo le solicita al Congreso que se declare tal estado hasta el 31 de diciembre del 2025. Eso es, los dos primeros años de mandato de Milei, quien tendría chance en octubre de ese año de sumar diputados y senadores a sus bancadas legislativas si le fuera bien en la gestión.

No obstante, el articulo agrega: "Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de DOS (2) años".

El siguiente párrafo dice: "Delégase en el Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley y en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación aquí establecidas y por el plazo arriba dispuesto".

Es decir, los dos primeros años, más los otros dos si lo dispusiera Milei.

¿Para qué quiere Milei gobernar por 4 años vía decreto?

La ley plantea 17 objetivos para los cuales, según el criterio del gobierno libertario, requiere de poderes especiales:

• Promover y asegurar la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia y competencia, con respeto a la propiedad e iniciativa privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo.
• Establecer la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y procurar dejar sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado.
• Promover la reactivación productiva, poniendo el acento en la eliminación de las restricciones a la competencia, la creación de empleo y en la equiparación de las estructuras tributarias eliminando los privilegios de algunos sectores y en la implementación de planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social para las micro, pequeñas y medianas empresas;
• Crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública.
• Reorganizar la Administración Pública nacional para lograr una mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de las estructuras administrativas, evitando el sobredimensionamiento y la superposición de las estructuras vigentes. A tal fin el Poder Ejecutivo nacional podrá, entre otras cosas: regular y concentrar en un marco regulatorio la organización y funcionamiento interno de la Administración; centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, transferir a las provincias y/o a la Ciudad Autónoma de BuenosAires, disolver, suprimir o intervenir órganos u organismos descentralizados; reducir la utilización de recursos en función de la disponibilidad de fondos estatales y, entre otras cosas, privatizar servicios.
• Fortalecer el servicio civil de la Administración Pública nacional. A tal fin se deberá establecer un sistema que valore y premie el en los agentes y funcionarios del Sector Público nacional, entre otras medidas, a través de la realización de concursos abiertos integrados con jurados jerarquizados, en los que se valore la capacidad y la idoneidad de los postulantes.
• Desburocratizar y simplificar la normativa que rige a la Administración Pública nacional, eliminando toda gestión inútil o dispendiosa, en protección de la dignidad de los habitantes de la Nación y de todos sus derechos, promoviendo el funcionamiento dinámico y eficaz de la gestión pública, a través de prestaciones profesionales, útiles y de alta calidad
• Establecer una política de calidad regulatoria para la Administración Pública Nacional, que permita el pleno desarrollo de las actividades de los habitantes de la Nación y de las empresas, propendiendo al más eficiente funcionamiento de los mercados.
• Ordenar y regular el Sistema de los Contrataciones Públicas en un único cuerpo normativo, con el objetivo de lograr una contratación pública profesionalizada, estratégica, sustentable, íntegra, transparente, con control de la ciudadanía, electrónica, eficiente, eficaz y con preocupación por los resultados, que garantice la mayor concurrencia y sana competencia entre oferentes, previendo para cuando correspondiere el criterio adjudicación de valor por dinero.
• Establecer sistemas de resolución de controversias entre la Administración y los particulares, alternativos al proceso judicial, que permitan arribar a acuerdos serios, fundados, rápidos y económicos, en beneficio de los intereses público y privados comprometidos.
• Renegociar o rescindir contratos celebrados por la Administración pública, en función primordialmente de la disponibilidad de fondos estatales y las necesidades públicas, respetando los derechos adquiridos de los contratistas.
• Desarrollar un sistema de defensa nacional apto para salvaguardar los más altos intereses de la Nación, su soberanía e independencia, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación, sus recursos naturales, la vida, la propiedad y la libertad de sus habitantes, en especial propendiendo a la ejercitación, instrucción y desarrollo de nuestras tropas.
• Crear, modificar, transformar y/o eliminar fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisando su procedencia y destino a los efectos de lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control de la utilización de los recursos públicos.
• Asegurar una mayor transparencia en la administración de los recursos destinados a asignaciones específicas y a rentas generales. Para una más adecuada y racional utilización de los recursos, se podrán dejar sin efecto fideicomisos u otros instrumentos a través de los cuales se destinen recursos cuyosobjetivos puedan ser afrontados por rentas generales.
• Restructurar las tarifas del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar su gestión eficiente y eficaz.
• Asegurar una mayor transparencia en el manejo de la deuda pública evitando aumentar el nivel de la deuda bruta del Estado, con acreencias y deudas cruzadas entre entidades del sector público.

¿Qué opinan los liberales?

El economista Roberto Cachanosky, un referente indiscutido del liberalismo argentino, advierte que las pretensiones de Milei son dictatoriales:

"Con buena parte del contenido de la ley que envió al Congreso Milei estoy de acuerdo. Con lo que no puedo estar de acuerdo es que pida poderes dictatoriales porque violan el articulo 29 de la Constitución Nacional, articulo que fue puesto en la CN de 1853 y está vigente, para que no se repitiera lo de Rosas que pidió poderes absolutos y terminó en una larga y feroz dictadura", sostiene en su cuenta de la red social X.