Luego del veto universitario, el Gobierno prepara más recortes en Salud: ¿Privatizan hospitales?

El Gobierno sigue con su proyecto motosierra, y al veto del presupuesto universitario, ahora prepara más recortes en Salud y analiza ceder hospitales nacionales a las provincias en el mediano plazo. El Ejecutivo está trabajando en una reestructuración del sistema de salud, que se aceleró tras la salida del exministro Mario Russo y la jura de Mario Lugones.

La Casa Rosada sostiene que “se están revisando todos los gastos del ministerio”, que tiene un presupuesto vigente de más de $1,6 billones. Aseguran que las modificaciones en la composición del Hospital Bonaparte fueron el inicio de la reforma. En Nación sostienen que impulsaron cambios internos porque “cuenta con 30 pacientes y $16.800 millones de fondos anuales”.

El Ministerio de Salud tiene a cargo además a los hospitales Posadas ($168.063 millones), Baldomero Sommer ($38.014 millones) y Ramón Carrillo ($28.614 millones). Cuenta también con los que integran el Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC).

¿Se viene la privatización de algunos hospitales?

Se trata del Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, Calafate, Esteban Etcheverría, René Favaloro, y Néstor Kirchner. La mesa chica del Gobierno dejó trascender además que no descarta la posibilidad de privatizar algunos de los hospitales que tiene Nación en caso de no realizar el traspaso a los distritos.

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El Gobierno busca profundizar la reforma del sistema de Salud que impulsó el expresidente Carlos Menem mediante el artículo 25 de la Ley 24.061, que oficializó la transferencia de 19 hospitales nacionales a las provincias. Se respaldan además en el decreto 578/93, que les dio la figura de “Hospital Público de Autogestión”.

El Ejecutivo mantiene la postura de reducir el gasto público y repite que “la salud es una facultad federal”. Es por eso que quieren que las provincias se hagan cargo de los fondos de mantenimiento. Hay ya en algunos casos un financiamiento compartido.

Según le consignó una fuente del Gobierno a TN, “se está reordenando todo el sistema, que incluye analizar el funcionamiento de todos los hospitales nacionales. La transferencia no va a ser inmediata, se tiene que trabajar y acordar con los distritos.

Lugones es cercano a Santiago Caputo por el vínculo laboral entre el asesor presidencial y su hijo, el consultor Rodrigo Lugones. El ministro ya impulsó un nuevo sistema para las prepagas que elimina la intermediación de las obras sociales y avanzará con la agenda del cobro de la atención médica a extranjeros en las provincias.

El Gobierno pretende cerrar dos empresas estatales

Las empresas que están en la mira del Gobierno son Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP) en un plazo mediano, argumentando que ambas entidades duplican funciones de otras secretarías del Estado.

En este sentido, un funcionario del Gabinete afirmó que “no tienen razón de ser” y que su disolución busca simplificar la estructura del gobierno.

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Qué pasará con los empleados de las empresas que quieren cerrar

Corredores Viales, una sociedad anónima con 3.565 empleados, se encarga de la gestión de las principales rutas y autopistas del país, abarcando cerca de 6.000 kilómetros. La AGP, por su parte, es una sociedad del Estado con 581 trabajadores, responsable de regular el puerto de Buenos Aires y mantener los canales de acceso al mismo.

Ambas entidades dependen del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ya había anunciado la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que cuenta con 269 empleados. La AGP, dirigida por Gastón Alejo Benvenuto, y Corredores Viales, presidida por José Luis Acevedo, están bajo la crítica del Ejecutivo por su solapamiento con la Dirección Nacional de Vialidad y la subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.