Un Tribunal rechazó el pedido de un ex funcionario y cuatro empresarios de Comodoro Rivadavia, detenidos desde principios de mes.
Cuatro empresarios y un ex funcionario municipal de Chubut condenados por malversación de fondos destinados a hacer arreglos en Comodoro Rivadavia tras un inusual temporal pasarán esta Navidad en la cárcel.
Roberto Monasterolo, Hernán Lobos Rosas, Javier Morales y Cristian Pérez, al igual que el ex secretario de Infraestructura de la ciudad petrolera, Abel Boyero, están detenidos en la Alcaidía de la localidad de Sarmiento desde principios de diciembre, cuando imprevistamente, a pedido del fiscal, se dispuso aplicarles la preventiva que en ocasiones anteriores había sido denegada.
Aquella vez, luego de la confirmación del fallo que los halló culpables de corrupción, fueron trasladados directamente desde un juzgado de Esquel en el que se realizó la audiencia hasta el penal en el que los mantienen aislados de los demás presos, en un espacio algo reducido, con cuatro celdas para cinco, y con algunos problemas edilicios como constantes cortes de agua.
“Es un pabellón chico de 6 metros de largo por 4 de ancho. Son cuatro celdas y hay dos detenidos de los cinco que comparten una. Se improvisó una cama”, describieron fuentes policiales luego de la detención.
Ante ese contexto, recientemente los abogados de los condenados en la resonante causa de corrupción habían presentado un pedido de prisión domiciliaria y la audiencia para revisar la medida y tratarlo se realizó en la mañana de este lunes, previa a la Noche Buena.
La expectativa de los condenados de poder regresar, aunque sea por un tiempo, a sus casas se diluyó. El Tribunal de revisión rechazó todas las solicitudes, descartando los argumentos esgrimidos por los defensores, por lo que deberán seguir cumpliendo en la cárcel la preventiva que se les dispuso, con plazo hasta el 6 de junio de 2025.
El tribunal de revisión estuvo integrado por los jueces penales Martín Cosmaro y Ariel Tedesco; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cristian Olazábal, fiscal general, junto a Cristian Ovalle, funcionario de fiscalía.
La defensa de Boyero fue ejercida por Guillermo Iglesias; la de Morales y Lobos Rosas por Juan Bill; la de Monasterolo por Fabián Gabalachis y la de Cristian Pérez por Alejandro Fuentes.
En un pabellón especial
El viernes último se supo que ese tribunal había solicitado un informe al comisario a cargo de la Alcaidía de Sarmiento acerca del lugar de detención de los imputados, para cotejar con los datos que dieron los defensores en sus recursos, referidos a las condiciones en que cumplen la detención en ese pabellón especial.
En un principio, el defensor del ex funcionario municipal interpuso una revocatoria a la decisión del tribunal de pedir esa información porque, a su criterio, no correspondía, ya que la ley prohíbe a los jueces inmiscuirse en cuestiones de las partes. Pero fue rechazada por improcedente, según informó ADN Sur.
Como fundamento para la domiciliaria, el abogado de Boyero sostuvo que la sentencia condenatoria, con doble conforme, aún no está firme, y que su asistido siempre se sujetó al proceso.
Todos los defensores siguieron los mismos pasos. Y con cada uno de los procesados, el fiscal mantuvo la misma postura: a su criterio, no surgieron elementos nuevos para solicitar esta morigeración de la medida de coerción. El Tribunal, al cabo, avaló esa postura.
En la audiencia del 4 de diciembre, cuando se resolvió la detención preventiva, ya había expuesto el riesgo de fuga que se presenta en esta etapa del proceso, al existir una sentencia ya confirmada por un tribunal de Alzada, más allá de que los condenados tienen la posibilidad de presentar un recurso para que el Superior Tribunal de Justicia la revea.
El ex secretario de Infraestructura de Comodoro Rivadavia y los cuatro empresarios fueron declarados culpables el 8 de julio
Un fraude de más de 400 mil dólares en Chubut
El monto estimado del fraude, según se investigó en una causa de alta repercusión en Comodoro Rivadavia y toda la provincia, es de un total de 408 mil dólares, obtenidos a partir de fraguar certificados de tareas de recuperación en el espacio público que en realidad no fueron realizadas.
Además de Boyero y los cuatro empresarios, fueron condenados varios inspectores municipales, que con anuencia de sus superiores, falsificaban instrumentos públicos para dar cuenta de trabajos que no se habían hecho.
La Justicia consideró probado que hicieron esas maniobras aprovechando la falta de controles por la emergencia climática que se habilitó ante la urgencia que requería la situación generada por el ciclón extra-tropical que azotó Comodoro entre el 29 de marzo y el 9 de abril de 2017, un fenómeno meteorológico inusual y que generó importantes trastornos y daños.
La sentencia dispuso, además de la prisión, que los condenados deberán devolver el dinero que se quedaron indebidamente.
Te puede interesar...
Leé más
Muerte de Sofía Devries en Puerto Madryn: el testimonio del hombre que halló el cuerpo
Noticias relacionadas










