Privatización de rutas: el Gobierno dispuso la intervención de Corredores Viales

En su plan de privatizar la mayor cantidad de empresas y achicar el Estado, el presidente Javier Milei dispuso este jueves la intervención de la empresa estatal Corredores Viales S.A. en medio del proceso de privatización de rutas que ya lanzó el Gobierno.

Así quedó plasmado en el Decreto 244/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Así, la empresa que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, pasará a estar a cargo de la interventora Anastasia María de los Ángeles Adem.

La interventora deberá avanzar en una auditoría de gestión, evaluar el estado financiero y operativo de la compañía, presentar la rendición de cuentas y elaborar un plan de acción para su reformulación, el cual podrá incluir la modificación del estatuto y deberá ser presentado al Ministerio de Economía para ser revisado y, finalmente, aprobado.

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Javier Milei dispuso la intervención de la empresa estatal Corredores Viales S.A. en medio del proceso de privatización de rutas que ya lanzó el Gobierno.

También tendrá a su cargo la revisión de la administración de compras y contrataciones, disponer una auditoría integral sobre el estado de los corredores viales, y operar y mantener la sociedad durante el período de transición previo a su disolución y liquidación. El decreto le otorga, además, facultades exclusivas de representación de la sociedad, así como la posibilidad de designar y despedir trabajadores.

La intervención se dispuso además por "tiempo indefinido" y tiene por objetivo sanear los números de la empresa como paso previo a su privatización.

El proceso de privatización de la empresa estatal encargada de manejar las principales rutas del país ya había sido anticipado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a mediados de febrero pasado en el marco de su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Asimismo, explicó que el objetivo final será que las nuevas concesionarias ingresen bajo un modelo de obra pública por peajes.

“A partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios”, amplió en aquella oportunidad el ahora candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza.

¿Qué significa privatizar una empresa?

En el complejo escenario económico y político argentino actual, privatizar las empresas estatales se erige como un tema de debate candente por las propuestas del presidente electo Javier Milei. Este proceso implica la transferencia de la propiedad y gestión de una empresa, previamente en manos del Estado, hacia el sector privado. Aunque las motivaciones para llevar a cabo este cambio pueden variar, desde mejorar la eficiencia hasta reducir la deuda pública, el significado y las implicaciones de la privatización son temas cruciales que impactan no solo en la economía, sino también en la sociedad en su conjunto.

Uno de los argumentos más frecuentes a favor de la privatización es la búsqueda de mayor eficiencia y competitividad. La lógica detrás de esta premisa sostiene que, al liberar la gestión de empresas estatales del peso burocrático y político, pueden adaptarse más rápidamente a las demandas del mercado y mejorar su productividad. Además, la entrada de capitales privados puede inyectar recursos frescos y nuevas estrategias de gestión, lo que se traduce en un aumento de la eficiencia operativa.

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Desafíos sociales y laborales

Uno de los principales puntos de conflicto es su impacto social y laboral. La transferencia de empresas estatales al sector privado va acompañada de recortes de empleo y cambios en las condiciones laborales. La lucha por los derechos de los trabajadores y la preocupación por el bienestar social son aspectos que se sitúan en el centro del debate, especialmente cuando la privatización afecta a sectores estratégicos como la salud, la educación o la infraestructura.

Desde la perspectiva económica, la privatización puede generar ingresos inmediatos para el Estado, reduciendo así la carga de la deuda pública. Sin embargo, es fundamental evaluar si estas ganancias a corto plazo compensan las pérdidas a largo plazo en términos de ingresos recurrentes que la empresa estatal podría haber proporcionado. Además, la distribución equitativa de los beneficios de la privatización y la prevención de la concentración de riqueza son factores críticos a considerar para evitar desequilibrios económicos.