Una destacada empresaria es investigada por la SEC por presunto fraude millonario con inversiones en criptoactivos no registrados.
Una ejecutiva de origen argentino, con amplia trayectoria en el ámbito de las tecnologías emergentes y el mundo de las criptomonedas, enfrenta acusaciones por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, siglas en inglés) por su presunta participación en un esquema de fraude que habría afectado a miles de personas en todo el mundo.
La demanda también incluye a otros dos altos cargos de la firma Unicoin, así como a la propia empresa, por presuntas maniobras irregulares con una supuesta recaudación de más de 100 millones de dólares.
Según el comunicado oficial emitido por la SEC, los ejecutivos promocionaron durante meses una serie de productos financieros, entre ellos certificados de derechos, que eran presentados como inversiones respaldadas por activos reales: bienes raíces de alto valor y participaciones en compañías próximas a salir a bolsa. Sin embargo, la investigación determinó que esos activos nunca valieron lo que la firma aseguraba, y que la mayoría de las promesas fueron, en palabras del organismo, "ilusorias".
La denuncia fue presentada ante la Justicia federal del Distrito Sur de Nueva York. En ella se sostiene que Unicoin llevó adelante una extensa campaña publicitaria, que incluyó espacios en aeropuertos internacionales, taxis de Nueva York, televisión y redes sociales, para captar inversores a los que se les ofrecían oportunidades de inversión supuestamente seguras y altamente rentables. Esa estrategia habría sido clave para atraer a más de 5.000 personas, que compraron productos sin saber que no contaban con respaldo legal ni financiero real.
Uno de los puntos más graves que detalla la SEC es que Unicoin vendió certificados por más de 3.000 millones de dólares, aunque en realidad no logró recaudar más de 110 millones. Además, se indicó que la compañía aseguró falsamente que sus productos estaban registrados ante el organismo regulador, lo cual nunca ocurrió. Este accionar violaría varias disposiciones de las leyes federales de valores, incluyendo las que exigen registro y las que prohíben el uso de declaraciones fraudulentas o engañosas en la oferta de inversiones.
Uno de los implicados, el asesor legal de la empresa, aceptó una resolución judicial sin admitir ni negar los cargos. La sanción incluyó una medida cautelar permanente y el pago de una multa de 37.500 dólares por declaraciones erróneas en los documentos utilizados para comercializar los certificados.
En tanto, la argentina Silvina Moschinila, ex CEO de Unicoin, que suele ser presentada como una referente del emprendedurismo tecnológico latinoamericano, negó las acusaciones. En declaraciones difundidas a través de sus redes sociales, denunció una supuesta persecución política encabezada por el presidente de la SEC, Gary Gensler, a quien acusó de perjudicar a los emprendedores estadounidenses. “Se está dañando la esencia misma del espíritu emprendedor”, escribió, y aseguró que su equipo buscará “llegar al fondo de esta situación”.
Qué dijeron
La empresaria también se dirigió a sus seguidores e inversores en un mensaje en el que insistió en su inocencia: “Nuestra lucha continúa. La verdad prevalecerá”, afirmó. La defensa apunta a desacreditar el proceso como parte de una campaña dirigida a desarticular su compañía, que hasta hace poco era promocionada como un nuevo actor disruptivo en el ecosistema cripto global.
Mientras tanto, será la Justicia estadounidense la que deberá determinar si se cometieron delitos financieros, si corresponde avanzar con sanciones y si se aplican medidas cautelares para evitar que los fondos involucrados desaparezcan antes del juicio. El caso podría sentar un precedente importante en la regulación de los criptoactivos y en el control de las promesas de inversión que se difunden en un mercado todavía en gran parte desregulado.
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