Reforma de la Ley de Discapacidad: cuáles son los cambios que propone el gobierno

El gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad que no viene aplicando, a pesar de que la Justicia así lo dictaminó.

En medio de la crisis política que generó el supuesto pago de coimas que se está investigando y que llevó a la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ingresó en el Senado de la Nación el texto que lleva como nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, y que propone modificaciones sustanciales a la legislación vigente y plantea nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios, redefiniendo los criterios para acceder a la ayuda estatal.

Los cambios que propone el Ejecutivo

Según publica Infobae El eje principal del proyecto de ley que, al igual que lo sucedido con la ley de financiamiento universitario que incumple el Ejecutivo, implica una estrategia en la que LLA busca ganar tiempo vía el debate de una nueva ley, es la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793.

Según el texto oficial, la iniciativa de aprobarse va a exigir un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. "Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio“, dice el texto. Además, propone un proceso de fiscalización de los pedidos de pensión que incluirá cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.

Andis

Escándalo por las coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Frente a lo que entiendan que es una incompatibilidad o una inconsistencia en el pedido de ayuda estatal, permite suspender la pensión ante cualquier inconsistencia de manera “preventiva” y se aplicará ante incumplimientos objetivos detectados en los cruces de información, con derecho a defensa y proceso.

El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.

La comparación con la legislación vigente arroja diferencias de fondo ya que el proyecto retrotrae todo a un estado anterior al de la emergencia. La actual normativa, modificada en los últimos años, había ampliado el universo de beneficiarios basándose en un criterio más amplio de discapacidad y no exclusivamente en la invalidez laboral.

El nuevo proyecto retoma la definición material de la prestación, delimita el alcance y refuerza los controles sobre la acreditación de la incapacidad. La iniciativa oficial contempla que “el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”.

emergencia discapacidad protesta

El ingreso de la norma por el Senado de la Nación es porque en la Casa Rosada entienden que la conformación de un número mayoritario es más simple que en Diputados. En este contexto, es de esperar una fuerte tensión en los bloques “socios” del oficialismo que durante el año pasado votaron a favor de la emergencia.

Otro punto en debate, es el de la actualización del valor de las prestaciones y pensiones. El proyecto ata las pensiones a la evolución del haber mínimo jubilatorio y, en el caso de los aranceles de las prestaciones, se ajustan trimestralmente o por IPC en caso de demoras, y se incorpora una compensación de emergencia vinculada también al IPC para prestadores.