En el contrato con Nación Seguros apareció el bróker Castello Mercuri S.A., principal financista de la campaña de Alberto Fernández
Alberto Fernández está cada vez más complicado por el escándalo de los seguros que investiga la Justicia. Este lunes, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se presentó ante el juez federal de la causa, Julián Ercolini, para denunciar el hallazgo de una póliza contratada por el Instituto Nacional del Teatro y la estatal Nación Seguros, donde se detectó la presencia de la empresa Castello Mercuri S.A. principal aportante de su campaña en 2019.
En la presentación, el Gobierno muestra la póliza de seguro por accidentes personales contratada por el Instituto Nacional del Teatro, que depende ahora del nuevo Ministerio de Capital Humano, que fue encontrada tras una auditoría realizada con motivo de la investigación que se llevan a cabo luego de la denuncia penal realizada por esa dependencia, en conjunto con ANSES y Nación Seguros.
“Hemos detectado que en el Instituto Nacional del Teatro (organismo descentralizado de este Ministerio de Capital Humano), se advirtió la existencia -en el marco de la contratación de un seguro para cubrir diversos accidentes personales (expediente administrativo EX-2022-64041518- -APNDAF#INT) de los agentes de la mentada dependencia- de una póliza (IF-2023-130874020-APN-DAF#INT, que se aporta como prueba) donde figura como bróker la firma Castello Mercuri, que estaría investigada en las presentes actuaciones”, indica la denuncia.
Así pagó la campaña Alberto Fernández
El mayor aporte empresario de la campaña que terminó con Alberto Fernández en la presidencia, en 2019, fue de $1 millón y lo hizo Castello Mercuri SA, el mismo broker de seguros que se quedó con el contrato del Instituto Nacional del Teatro, que tiene oficinas en Puerto Madero y es una de las compañías más importantes del rubro asegurador. El comando de campaña, respondió: “Lo chequeamos como hacemos con todos los donantes, en el Banco Central y en Nosis, y no le encontramos ninguna mancha”.
El productor Castello Mércuri es, junto con Héctor Martínez Sosa y Pablo Torres García, tres de los principales brókers investigados en las denuncias presentadas ante la Justicia apenas estalló el escándalo de los seguros. El juez Julián Ercolini, de todos modos, envió requisitorias a 27 empresas en total y a 45 organismos públicos para que presenten todas las pólizas vigentes con Nación Seguros.
El primero es un empresario que está casado con la secretaria histórica de Alberto Fernández, María Cantero, con quien el ex presidente tuvo relación antes de ser presidente y después de haber asumido. De hecho, tuvo en años anteriores varios ingresos a la Quinta Presidencial de Olivos. Pero el caso de Castello Mércuri tiene la particularidad de haber sido la persona jurídica que más plata puso en la campaña de la fórmula Fernández-Fernández que gobernó entre 2019 y 2023. Por último, Pablo Torres García, se trata de un empresario con inversiones diversificadas, cercano a Nicolás Caputo y que orbita más en el ámbito del PRO.
El magistrado tiene a su cargo la denuncia que presentó una abogada, apenas trascendió en una nota del diario Clarín firmada por el periodista Ricardo Roa, y también concentró la que elevó Pettovello junto a Nación Seguros y ANSES. En este último organismo es que se descubrió la punta del ovillo, e créditos otorgados a jubilados donde aparecían intermediarios en seguros de vida sobre saldo deudor.
A partir de ese episodio, ministerios y dependencias de todo el gobierno se pusieron a buscar ramificaciones de esa matriz de corrupción. Aparecieron huellas en Defensa, en Seguridad, pero sobre todo en Capital Humano.
El Instituto Nacional del Teatro está en el área de Pettovello, que lidera una “brigada anticorrupción” que audita las cuentas y los contratos de todas las dependencias del enorme ministerio, que concentró las tareas que antes hacían por separado Educación, Desarrollo Social, Trabajo, Cultura, Mujeres y organismos como la ANSES.
En el marco de una de esas auditorías es que se encontró la póliza con un intermediario entre una repartición del Gobierno y la estatal Nación Seguros. En este caso se trató un seguro de vida, de acuerdo a lo que el equipo jurídico de Capital Humano presentó ante el juez Ercolini, que tenía previsto esta semana continuar con las diligencias para instruir la causa.
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