Sesión clave en Diputados: el oficialismo busca sancionar la baja de edad de imputabilidad

Tras la maratónica sesión en el Senado, donde se obtuvo media sanción al proyecto de reforma laboral, llega otra jornada clave para el Gobierno. Esta vez será en Diputados, donde el oficialismo busca darle media sanción a la baja de edad de imputabilidad.

Se trata del proyecto de Reforma Penal Juvenil que impulsa el Gobierno de Javier Milei, donde se busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años en Argentina. Pero también se tratará la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

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La sesión está convocada para las 11 de la mañana. La convocatoria llega después de que La Libertad Avanza reuniera 81 firmas en un plenario de comisiones, y desde Casa Rosada sostienen que cuentan con respaldo suficiente de aliados y bloques dialoguistas para aprobar el proyecto.

Si se aprueba en Diputados y luego en Senadores, será ley y abriría la posibilidad de que adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos sean punibles, es decir, puedan ser procesados penalmente juzgados y, si se demuestra su responsabilidad, recibir una pena de hasta 15 años de privación de la libertad.

Qué propone el oficialismo

El texto reduce la edad mínima de imputabilidad penal a 14 años para delitos considerados graves, como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro. La versión original del Ejecutivo planteaba fijar el límite en 13 años, pero fue modificada tras negociaciones con aliados parlamentarios.

La iniciativa establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión, sin posibilidad de condena perpetua. También dispone que los adolescentes no podrán compartir lugares de detención con adultos y contempla sanciones alternativas a la prisión para delitos cuya escala penal sea inferior a 10 años.

Entre esas medidas se incluyen amonestaciones, monitoreo electrónico, prohibición de contacto con la víctima, restricciones para conducir vehículos y para salir del país. El objetivo, según el oficialismo, es establecer un sistema con herramientas diferenciadas según la gravedad del delito.

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Uno de los puntos centrales del debate fue el financiamiento del nuevo régimen. El dictamen oficial incorporó una partida presupuestaria de $23.739.155.303, de los cuales $20.607.158.518 se asignarán a la Defensoría General de la Nación y $3.131.996.784 al Ministerio de Justicia.

En el proyecto inicial, el Ejecutivo planteaba cubrir los gastos mediante reasignaciones presupuestarias, lo que generó cuestionamientos de gobernadores que reclamaban garantías de financiamiento nacional. La nueva redacción busca despejar esa objeción.

El proyecto también crea la figura de “supervisores”, responsables del seguimiento individual de los adolescentes imputados. Entre sus funciones se incluye mantener entrevistas semanales, controlar la evolución del proceso y supervisar las condiciones de detención.

Infraestructura y plazos de adecuación

La reforma establece un plazo de 180 días para adecuar la infraestructura necesaria. Según datos oficiales citados en el debate, existen alrededor de 100 establecimientos especializados en el país, concentrados principalmente en Buenos Aires y Santa Fe. En 17 provincias hay tres o menos unidades y Tierra del Fuego no cuenta con ninguna.

Desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtieron que muchos establecimientos no cumplen estándares mínimos de alojamiento y presentan condiciones similares a cárceles tradicionales, con rejas y aislamiento.

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Qué plantean los dictámenes opositores

Durante el plenario de comisiones se firmaron cinco dictámenes alternativos. Dos rechazan de plano la iniciativa: uno del Frente de Izquierda y otro del diputado Sebastián Nóblega. Otros proyectos fijan la edad de imputabilidad en 14 años, como el presentado por Provincias Unidas y el Frente Renovador, que acompaña esa reducción en línea con la propuesta impulsada por Sergio Massa en 2015.

El dictamen mayoritario de Unión por la Patria mantiene la edad de imputabilidad en 16 años y propone un tope de 10 años de prisión, habilitando la libertad condicional tras cumplir la mitad de la condena y limitando la prisión preventiva a casos excepcionales.

El interbloque Unidos también propone fijar la punibilidad en 14 años, pero con un régimen especializado y establecimientos dirigidos por civiles, por fuera del sistema penitenciario tradicional.

El oficialismo cuenta con el respaldo del PRO, la UCR, el MID, el interbloque Unidos y bloques provinciales, lo que le permitiría alcanzar el quórum y avanzar hacia la media sanción.

Sin embargo, algunos sectores anticiparon que impulsarán modificaciones vinculadas al financiamiento y a las garantías para que los menores no compartan espacios con adultos. El debate se desarrolla en un contexto de fuerte discusión política y social sobre el alcance del nuevo régimen y su impacto en el sistema penal juvenil.