En medio de un clima áspero y de tensiones con la oposición, el oficialismo de la Cámara de Diputados logró este jueves aprobar la resolución para declarar la admisibilidad de la investigación de los pedidos de juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema.
Con 16 firmas sobre un total de 31 en la comisión de Juicio Político, el Frente de Todos dio un paso clave y el jueves que viene comenzará la etapa de la producción de la prueba, que incluirá la citación a testigos y de los propios acusados.
En la próxima reunión informativa, de todos modos, no está prevista la presencia de testigos, sino que se pasará en limpio la metodología y el cronograma de trabajo.
Juntos por el Cambio presentó una resolución propia de "el rechazo in limine" a la declaración de admisibilidad de los pedidos de juicio político a la Corte, aunque allí mencionaron únicamente a 12 de los 14 expedientes.
No casualmente dejaron afuera los pedidos de juicio político que la Coalición Cívica impulsa desde el 2017 contra Ricardo Lorenzetti por el manejo discrecional de recursos extrapresupuestarios y concentración de poder cuando era presidente de la Corte Suprema.
A los representantes de la Coalición Cívica se los vio durante todo el debate defendiendo una posición incómoda, despegándose del oficialismo e intentando que no se note demasiado las diferencias de criterio con el resto del interbloque opositor, que no apoyan ninguno de los 14 pedidos de juicio político a los magistrados.
Los representantes del bloque del Frente de Todos (FdT) en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados propusieron en el comienzo del encuentro una resolución por la cual solicitaban admitir proceso a los cuatro miembros de la Corte Suprema por los 14 expedientes que se tramitan.
En el escrito de 12 páginas leído por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, se enumeraron los 14 expedientes que "solicitan el juicio político respecto de los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ministros Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti, ya sea en forma individual o concurrente por las causales de mal desempeño y/o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones".
"Los catorce pedidos promovidos acumulan más de sesenta hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales", apuntaba el texto.
El escrito indica también que "el tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicado y democrático".
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