Un informe de Amnistía Internacional cuestionó el protocolo antipiquetes que implementó la ministra de Seguridad.
En 2024, el gobierno de Javier Milei se mostró satisfecho por los avances en la economía. Sin embargo, la situación de las protestas en la Ciudad de Buenos Aires presentó un escenario diferente. Amnistía Internacional presentó un informe donde denuncia el uso excesivo de la fuerza en diversas manifestaciones.
El estudio, que abarca 15 protestas, contabilizó más de mil heridos y destacó la política represiva impulsada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich.
La organización señala que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos, balas de goma y bastones para disuadir a los manifestantes. El informe advierte que este accionar violó los derechos a la libertad de expresión y a la protesta social. Además, el Gobierno emitió mensajes que, según el informe, criminalizan las protestas. En este sentido, se citó un tuit del presidente Javier Milei, quien felicitó a la ministra Bullrich por “reprimir a los grupos terroristas” durante una movilización frente al Congreso en contra de la Ley Bases.
La respuesta oficial
En respuesta a las críticas, Patricia Bullrich minimizó el informe y lo calificó de "ideologizado". Según la ministra, la implementación del protocolo antipiquetes fue fundamental para mantener el orden público. “Este es un año en que la Argentina logró ley y orden”, expresó, defendiendo la política de seguridad del Gobierno. Bullrich aseguró que el uso de la fuerza fue mínimo y profesional, y que la mayoría de los ciudadanos apoyaron la decisión de despejar las calles de manifestantes.
El Gobierno sostuvo que el protocolo antipiquetes permitió que las personas pudieran transitar libremente por la ciudad, sin los bloqueos frecuentes que caracterizaban las protestas anteriores. Sin embargo, el informe de Amnistía Internacional señala que esta política resultó en un uso excesivo de la fuerza, especialmente en una serie de protestas en las que las fuerzas de seguridad respondieron con violencia a quienes ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente.
Periodistas afectados y críticas internacionales
El informe de Amnistía también subraya que varios periodistas resultaron heridos durante las protestas. Al menos 35 comunicadores fueron agredidos mientras cubrían las manifestaciones, lo que refleja un agravante más en el contexto de la represión. En una de las protestas más violentas, que tuvo lugar frente al Congreso en junio de 2024, el móvil de Cadena 3 fue incendiado por un grupo de manifestantes, lo que incrementó la tensión en el país.
El impacto de la represión trascendió las fronteras de Argentina. Amnistía Internacional envió cartas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Naciones Unidas, advirtiendo sobre el peligro que representa el "protocolo antipiquetes". En estos documentos, se expresa que la aplicación de este protocolo vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libre reunión y la libertad de expresión.
Con este panorama, el Gobierno argentino se enfrenta a una situación compleja. Las protestas sociales aumentaron a medida que el oficialismo implementó reformas que generaron malestar en diversos sectores de la sociedad. Aunque el Gobierno insiste en que la represión fue mínima y justificada, las críticas internacionales y los testimonios de los afectados sugieren lo contrario.
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