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Para poder sacar sus animales tuvo que acordar con los usurpadores

Una propietaria no puede ingresar a su campo desde enero por el impedimento de integrantes de algunas comunidades mapuches.

Una propietaria debió acordar con los usurpadores para poder retirar los animales de sus tierras en un campo de la zona de Chachín, entre Zapala y Aluminé. Desde la Sociedad Rural del Neuquén (SRN) manifestaron su preocupación por la falta de garantías constitucionales del derecho a la propiedad en campos de la provincia.

Se trata del campo Corral de Ramas próximo a una zona conocida como Espinazo del Zorro, sobre la Ruta 46. Son tierras donde se lleva la hacienda en primavera-verano para pasar la veranada. La familia Sebastiano denunció en enero la usurpación ante la justicia.

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“En esa zona se desató un conflicto los primeros días en enero, mediante el corte de un camino vecinal y posterior ingreso de comunidades a un campo privado. Le están privando la entrada a la propietaria”, aseguró a LU5 el presidente de la SRN, Diego García Rambeaud.

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Dijo que, a principios de año, la propietaria se encontró con una cantonera y varias personas integrantes de las comunidades Cayun y Paineo, entre otras, que les impidieron el paso en un camino principal y luego procedieron con la usurpación. “La increparon y le dijeron que apague el celular para que no los filmen. Son personas que durante muchos años habían ingresado de forma pacífica a una veranda fiscal lindera. Pero ahí la amenazaron y le impidieron el ingreso a su propiedad”, relató.

Explicó que eso le generó problemas en el día a día porque al no poder ingresar le impedía realizar las tareas culturales del año, asistir a los trabajadores o retirar la hacienda.

“Es una situación bastante conflictiva que lleva varios meses y que no hay avances en esto, que es un delito a la propiedad privada”, subrayó Rambeaud.

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Tras las denuncias en fiscalía, el titular de la Rural señaló le llamó la atención “la forma que se busca resolver un conflicto”. Lo comparó con una situación en la que a uno se le metiera en el patio de la casa una persona y luego la Justicia llama a audiencias de mediación.

“El propietario se tiene que sentar con los usurpadores a negociar una especie de convivencia o de acuerdos con una persona que está dentro de su propiedad privada. Eso es muy chocante porque de esas audiencias se tratan de buscar acuerdos de partes que son tan nocivos para sentar precedentes negativos”, observó.

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Dijo que en una de esas audiencias donde se sentaron las partes, a instancia de la justicia, la propietaria tuvo que firmar un acuerdo de convivencia para poder sacar los animales de su campo. “Ellos desconocen los títulos de propiedad, esto es lo grave a nivel productivo y jurídico. La propietaria tiene un título de propiedad registrado en catastro, con impuestos pagos, pero ellos desconocen el título de propiedad”, subrayó Rambeaud.

E indicó que “la justicia debería hacer valer los derechos, hacer valer la Constitución nacional y hacer valer un título registrado, y hacer valer el derecho de propiedad, que es el pilar para que la producción pueda existir, que la inversión pueda existir, y para que el país se desarrolle”.

El titular de la SRN señaló que si no se cuida el derecho de propiedad y todo está en tela de juicio resultará contraproducente para la provincia. E indicó que “esta situación la tienen que resolver entre el Poder Ejecutivo y la Justicia”.

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Señaló que el derecho a la propiedad privada es el pilar tanto de la producción agropecuaria como de cualquier industria. Sostuvo que la intención del gobierno “es buena, pero cuesta resolver este tema de fondo”.

Rambeaud aclaró que hay usurpaciones anteriores que desgastaron a los propietarios. “No se instalan, sino que pastorean las tierras. En Quillén el propietario se hartó, hizo mil denuncias y exposiciones y tiene que convivir con esta situación”, señaló.

Pero indicó que el problema es que, como consecuencia, ese productor no invierte, no tiene animales, no realiza un desarrollo turístico, ni promueve la generación de empleo. “Todo eso se frena porque no hay legítima defensa del derecho de propiedad y de las garantías constitucionales que tiene que haber”, cerró el presidente de la Rural neuquina.

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