La provincia impulsa un proyecto de ley para validar el acuerdo de 2012 que le garantizó una participación en la petrolera. Así busca invalidar la orden de la jueza Loretta Preska.
El mural de Enrique Mosconi, fundador de YPF, en Comodoro Rivadavia, Chubut.
El gobierno de Chubut presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley estratégico para resguardar su participación accionaria en YPF frente al conflicto judicial que se desarrolla en Estados Unidos por la reestatización de la petrolera. La iniciativa busca formalizar el convenio firmado en 2012 que otorgó a la provincia el 8% del capital de la empresa, un activo valuado entre 500 y 600 millones de dólares.
La medida surge como respuesta directa al juicio que se tramita en Nueva York, donde existe una orden judicial -por ahora en suspenso- para traspasar el 51% de las acciones de YPF a los demandantes. El problema central radica en que el acuerdo que benefició a Chubut (también a Neuquén) hace más de una década, jamás fue protocolizado ni recibió tratamiento legislativo en la provincia.
La administración de Torres advierte que la falta de formalización del convenio deja a Chubut en una posición vulnerable ante la justicia de Estados Unidos. Sin la aprobación legislativa, la provincia carece de un título de propiedad sólido sobre ese capital estratégico.
"Parte de estas acciones (las embargadas), propiedad de la Provincia del Chubut, no están efectivamente inscriptas por no haberse concluido con la efectiva cesión, sumado a la falta de análisis de la magistrada (de Nueva York) interviniente, es que el embargo afectó a las mismas", señala el proyecto de ley firmado por el ministro de Gobierno de Chubut, Victorino Eraso Parodi.
"Esto denota la urgencia de concluir con la aprobación del acuerdo que se acompaña, de forma tal que el Poder Ejecutivo pueda gestionar y reclamar la cesión definitiva de las acciones", establece la iniciativa presentado en la Legislatura.
Recientemente, el gobernador Torres anunció que Chubut se presentará ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para solicitar el levantamiento del embargo sobre las acciones provinciales. La estrategia se basa en el argumento de que la provincia no forma parte del juicio como demandada.
Torres detalló en ese momento que del 51% de las acciones estatales de YPF, el 49% pertenece a las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), distribuidas según los volúmenes de producción de cada jurisdicción.
El mandatario chubutense, además, criticó con dureza a las administraciones previas a la suya en Chubut. "Nunca mandaron a protocolizar ni hicieron aprobar por Ley" el acuerdo firmado con el Gobierno nacional, subrayó Torres, quien resaltó que de ese modo su provincia quedó en desventaja respecto a otras jurisdicciones petroleras.
"En el juicio que se tramita en Nueva York el demandado es el Estado argentino y se puede embargar lo que es propiedad del demandado, pero no más. El resto de las acciones son de las provincias petroleras, entre ellas Chubut", argumentó Torres para justificar su estrategia judicial en Estados Unidos.
Chubut también quiere mayor participación
El proyecto legislativo no se limita únicamente a regularizar el convenio existente. También habilita al Ejecutivo provincial a defender la porción accionaria mediante acciones judiciales y extrajudiciales frente a embargos u otras medidas que puedan comprometer su control.
Además, el texto abre la puerta para revisar el porcentaje que recibió Chubut en la distribución original, hace más de una década. Los considerandos del proyecto cuestionan los criterios utilizados para repartir las acciones entre las provincias petroleras.
"Es necesario destacar que la negociación realizada en el marco del acuerdo por las autoridades de la Provincia en el año 2012, generaron que a la Provincia del Chubut se le reconozca un porcentaje de acciones muy bajo y desigual en relación con otras provincias cuya producción de hidrocarburos y vinculación con la empresa YPF S.A. es incomparablemente menor, como es el caso de Santa Cruz, Río Negro o Mendoza", plantea la iniciativa.
El artículo 4º del proyecto faculta al gobierno provincial para iniciar nuevas gestiones destinadas a mejorar la posición accionaria. "La aprobación del convenio adjunto no impide la realización de nuevas negociaciones en beneficio de los intereses provinciales", establece el texto.
La propuesta va más allá y declara como "lesivos, insuficientes y arbitrarios" los porcentajes asignados a Chubut. Y autoriza al Ejecutivo a "buscar un acuerdo más justo para los intereses de la Provincia y/o cualquier otra medida que resulte necesaria".
Torres había adelantado este reclamo al anunciar la apelación ante la justicia estadounidense: "Mendoza se llevó el 20% (de las acciones para las provincias con hidrocarburos) y a Chubut, que desde hacía varios años era la primera productora de petróleo del país, le dieron solamente el 8%", cuestionó el gobernador.
El reparto de 2012, cuestionado
La controversia se remonta a 2012, cuando el Congreso sancionó la Ley 26.741 que expropió el 51% de YPF, hasta ese momento controlado por Repsol. De ese paquete mayoritario, el 49% fue destinado a las provincias petroleras, proporcionalmente a su producción. A Chubut le correspondió el 8,6% de ese capital (Neuquén recibió el 10,45%).
El vicegobernador Gustavo Menna, al mando de la Legislatura que se apresta a aprobar el proyecto, fue categórico sobre la importancia de resolver esta situación: "No sólo representan un activo económico que puede rendir dividendos, sino también un factor que incide en la calificación crediticia de la provincia".
Según explicó, cerrar esta ventana legal resulta indispensable para evitar futuras disputas judiciales y poder ejercer plenamente el rol de accionista que le corresponde a la provincia en la petrolera nacional.
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