La Justicia rechazó la cautelar de Tierra del Fuego contra la intervención del puerto de Ushuaia

En una medida exprés, la Justicia Federal respondió el pedido presentado en la tarde del jueves por el gobierno provincial de Tierra del Fuego contra la intervención del puerto de Ushuaia por inconstitucional.

La provincia había solicitado que se dictara una medida cautelar contra la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la semana pasada. Pero para ello, se debía habilitar la feria judicial para tratar el pedido.

En su pedido, Tierra del Fuego había solicitado además que la justicia dictara una cautelar suspendiendo la intervención, asegurando que el conflicto ameritaba una resolución en forma urgente.

Sin embargo, desde el Tribunal se indicó que "no se encuentran motivos que ameriten la habilitación de la feria judicial".

Además, puso en duda su competencia en el tema. En el mismo fallo, pidió a la fiscalía que se expida sobre la competencia del tribunal para resolver una disputa entre la provincia y el gobierno nacional, dado que las disputas por inconstitucionalidad entre gobiernos siempre se dirimen en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Incluso, los jueces explicaron que eso se hacía para que "la Unidad Fiscal posea más tiempo para expedirse respecto de los puntos tratados".

Cuestionamiento al gobernador de Tierra del Fuego

En la misma línea, pidieron a la fiscalía determine si el gobernador puede presentarse ante el Juzgado, cuando en realidad ese rol lo debe cumplir la Fiscalía de Estado, como representantes de la provincias.

Asimismo, exigieron al apoderado legal de la provincia, Emiliano Fossato, quien firmó el pedido de cautelar, que gestione la matrícula federal para poder actuar ante la Justicia Federal, dado que actualmente no cumple con ese requisito.

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego

El propio Fossatto había ratificado el jueves, también, una denuncia por "la violación del convenio que cedió la Nación a la provincia y la falta de rendición de cuentas sobre los recursos a partir de la intervención".

La intervención fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) el jueves 22 de enero, una semana antes de la presentación del recurso por parte de la provincia. El fundamento que se esgrimió en la Resolución 4/2026 del organismo en el Boletín Oficial se mencionaron irregularidades financieras y fallas de infraestructura.

El rechazo de Melella a la medida de la ANPYN

Desde el primer momento, el gobernador Melella rechazó las acusaciones y ayer había confirmado públicamente la presentación del pedido de una cautelar ante el tribunal federal.

"Estamos dando cada paso necesario, en el plano judicial y político, para defender la gestión provincial de un puerto estratégico, la autonomía de Tierra del Fuego y el trabajo de quienes todos los días sostienen su funcionamiento", aseguró.

El mandatario provincial también incluso especuló sobre eventuales motivos subyacentes a la decisión de la administración nacional. Habló de "entrega de soberanía" a alguna "potencia extranjera", mencionando el reciente paso de un avión del ministerio de Defensa de los Estados Unidos por la provincia sin previo aviso. Y también mencionó intereses económicos privados de la provincia "que siempre han deseado quedarse con el puerto como si fuera un botín".