Sextorsión y estafas desde una cárcel de Chubut: en un año recaudaron más de $60 millones
La banda estaba liderada por dos presos. Usaban celulares ingresados ilegalmente y tenían cómplices afuera. A una víctima le sacaron $38 millones.
El Instituto Penitenciario Provincial de Chubut está sobre la ruta 3, entre Trelew y Puerto Madryn: desde allí operaba la banda.
Una jueza de garantías de Chubut ordenó la apertura de investigación contra 25 personas acusadas de integrar una sofisticada red de estafas y sextorsión que, según lo investigado hasta el momento, era comandada por dos presos desde la cárcel y en apenas un año, logró hacerse de más de 60 millones de pesos.
La decisión de la magistrada Eve Ponce se dio tras un pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito, que en más de un año de pesquisa logró documentar el complejo entramado que operaba desde el Instituto Penitenciario Provincial de Chubut, ubicado sobre la ruta 3, entre Trelew y Puerto Madryn.
Según la investigación, los cabercillas identificados como E.G.R. y L.A.O. lograron ingresar de manera clandestina varios chips y teléfonos celulares al centro de detención, burlando todos los controles de seguridad.
Con estos dispositivos coordinaban las extorsiones desde sus celdas, contando con la colaboración de otros internos y múltiples cómplices en libertad que actuaban como enlaces externos de la red. La mayoría eran familiares, parejas o amigos de los presos.
La decisión de la jueza habilita, en los hechos, la ampliación de una investigación que ya se había iniciado en marzo, y que ahora suma nuevos imputados y más elementos. Y nada garantiza que no sigan apareciendo más víctimas, y más dinero recaudado.
El patrón de la sextorsión
Los investigadores determinaron que las extorsiones seguían un patrón específico dividido en tres fases claramente definidas. En primera instancia, los delincuentes contactaban a sus víctimas utilizando perfiles falsos y fotografías truchas a través de redes sociales como Facebook, o aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Messenger.
Durante la segunda etapa, establecían conversaciones íntimas con los damnificados hasta lograr que les enviaran fotos de contenido sexual comprometedoras. Una vez obtenido este material, comenzaba la fase final: la extorsión propiamente dicha.
Los criminales amenazaban con iniciar acciones judiciales o hacer públicas las imágenes íntimas en las redes sociales si las víctimas no transferían importantes sumas de dinero. En muchos casos, una vez concretado el primer pago, las extorsiones continuaban de forma sistemática.
Para dar mayor credibilidad a sus amenazas, la organización llegó a fraguar documentación judicial utilizando nombres de funcionarios judiciales, fiscales y jueces de la provincia, con una sorprendente capacidad de organización.
La compleja investigación, que lleva más de un año en desarrollo, implicó el procesamiento de enormes volúmenes de información obtenida no solo de los celulares secuestrados, sino también del sistema financiero, bancos y billeteras virtuales utilizadas para transferir y movilizar el dinero ilícito.
De hecho, a medida que la pesquisa de la unidad fiscal especializada, se fue recabando más información, lo que motivó el pedido de ampliación de la investigación que la misma jueza había abierto en marzo.
Doce casos documentados
Hasta el momento, lLos investigadores lograron documentar al menos doce hechos puntuales de extorsiones y estafas. Entre los casos más graves se encuentra el de la víctima A.O.Y., quien transfirió más de $5.800.000 a las cuentas controladas por la organización.
Sin embargo, el caso más impactante fue el de la víctima identificada con la sigla C.E.A., que llegó a transferir la cifra récord de $38.675.000 a los extorsionadores.
Las cuentas receptoras estaban abiertas a nombre de allegados a los internos, como familiares o parejas, quienes se encargaban de redistribuir rápidamente los fondos para evitar su rastreo.
Por otra pare, las víctimas de la organización son de distintas provincias argentinas y varias ciudades del Chubut. En marzo se habían informado casos en Comodoro Rivadavia, pero también en lugares como Córdoba, Formosa y Bahía Blanca.
La cantidad de engaños, por otra parte, continúa creciendo a medida que avanza la investigación, por lo que los 60 millones de pesos obtenidos con los que fueron documentados hasta ahora podrían aumentar considerablemente.
Suplantación de identidad
Los perjuicios para los damnificados no eran solo monetariios. Los delincuentes también utilizaban los datos personales de las víctimas, incluyendo fotos de DNI y credenciales, para cometer nuevos hechos delictivos, expandiendo así su radio de acción.
En este sentido, además de la sextorsión, la organización se dedicó a otra modalidad en auge en el ciberdelito: la oferta de productos inexistentes en plataformas como Facebook Marketplace.
Según se pudo establecer, publicitaban casillas rodantes y bicicletas, entre otros artículos, para atraer a potenciales compradores.
Una vez que las víctimas mostraban interés, eran derivadas a conversaciones por WhatsApp con internos que se hacían pasar por vendedores legítimos. Bajo engaño, solicitaban pagos anticipados, señas o costos de traslado, sin entregar nunca el supuesto bien adquirido.
Los investigadores documentaron dos estafas concretas: la venta de una casilla rodante valuada en 2.700 dólares y una bicicleta a un vecino de Córdoba, a quien le hicieron depositar 240.000 pesos como seña, gastos de gestoría y traslado del vehículo.
Además, otras trece personas que fueron contactadas con el mismo tipo de engaño sospecharon de la maniobra y se negaron a realizar adelantos de dinero.
Los ciberinvestigadores de la fiscalía especializada ya habían mencionado en marzo a estos potenciales damnificados, que evitaron el engaño. "Ninguna de estas personas accedió a realizar transferencias del dinero por seña al requerir previamente ver la casilla en forma personal o por persona allegada, por desconfiar de los datos aportados por los autores, o por haber sido advertidos de la maniobra por este Ministerio Público Fiscal", explicaron.
La audiencia de apertura de la ampliación de la investigación se desarrolló con algunos imputados presentes en forma física en la Oficina Judicial de Rawson, mientras otros participaron vía Zoom desde la seccional tercera de policía de Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia y desde el propio Instituto Penitenciario Provincial.
Los hechos están calificados provisoriamente como asociación ilícita, extorsión y estafa, algunas en grado de tentativa. Los investigadores lograron individualizar a los presuntos líderes, organizadores y partícipes secundarios, con roles claramente asignados tanto dentro como fuera del penal.
Como algunos de los imputados no se presentaron ni se notificaron de la audiencia, se solicitó que sean llevados por la fuerza pública a otra que se realizará mañana, miércoles.
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