Caso Sergio Ávalos, contra una exfiscal y policías provinciales: "No cabe duda de que hubo encubrimiento"

La causa Federal por la desaparición de Sergio Ávalos, que elevó a juicio a 19 personas que conformaban un “aparato de violencia organizado” en Las Palmas, avanza en una segunda línea de investigación que apunta directamente a la responsabilidad del Ministerio Público Fiscal de Neuquén y policías provinciales. Para la querella, "no cabe duda que hubo encubrimiento".

En este sentido, Sergio Heredia y Leandro Aparicio, los abogados querellantes de su padre, Asunción Ávalos, consideran que existen elementos suficientes para investigar qué papel tuvieron las y los funcionarios en la búsqueda del joven estudiante de Picún Leufú que continúa desaparecido desde que ingresó al boliche custodiado por policías y ex militares en la madrugada del 14 de junio de 2003.

En particular, los querellantes que desde Tartagal y Bahía Blanca guardan distancia con el entramado provincial, sostienen que debe profundizarse la actuación de la entonces fiscal Sandra González Taboada y de integrantes de la Policía de Neuquén, desde los jefes de Seguridad Personal hacia abajo.

“Estoy podrido, es grotesco lo que hicieron Taboada, el gobernador, la Policía, lo cual es materia de investigación”, afirmó Aparicio al referirse a la actuación de los funcionarios que intervinieron en el caso. En este sentido informó que como querella aportaron un trabajo minucioso para reconstruir esa actuación “como un rompecabezas” y describió es determinar qué ocurrió con cada una de las piezas de la investigación.

La causa federal a cargo de la fiscal Luisina Tiscornia ya cuenta con un llamado a declaración indagatoria para Osvaldo Almendra, quien en 2003 revestía el carácter de Comisario del Departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial y Gustavo Javier Delaloye, quien se desempeñaba como Oficial Principal del mismo Departamento de Seguridad Personal.

La lista de imputaciones sigue con Juan Carlos Lezcano, Jefe de la Policía y José Rosas Orellana, Subjefe en funciones hasta el 16 de diciembre de 2003 y Walter Néstor Cofré y Julio Alberto Trepat, en funciones como Jefe y Subjefe a partir de esa fecha.

También Claudio Rogero, instructor de turno de la Comisaría Segunda, Marcos Ariel Guzmán, secretario de la Comisaría Segunda, Rubén Fabián Rebuffo, Subinspector de la Comisaría Segunda, Emilio Díaz, Ayudante de la Policía, el sargento Daniel Quiroga, Diego Hugo Piccioli, comisario mayor quien en 2003 se desempeñaba como Director de Información de Estado del Departamento de Seguridad Metropolitana, entre otros.

El viaje a la Triple Frontera y la canillita de la Policía

El abogado explicó que una de las cuestiones que buscan determinar es quién digitó el viaje de Asunción Ávalos hacia la Triple Frontera. “Buscamos puntualizar quién dio el auto, quién dio los recursos para que Asunción se vaya a la Triple Frontera por una supuesta pista de que Sergio podía estar ahí”, señaló.

Para los querellantes, esa decisión forma parte de una serie de actuaciones que se habrían desarrollado a partir de una hipótesis que consideran equivocada: “Está muy claro que toda la actuación de la fiscal como de los otros funcionarios involucrados fue a partir de una premisa falsa de que Sergio había salido del boliche”.

Según planteó, esa hipótesis no se encontraba respaldada por una cantidad suficiente de testimonios. “Eso no está fundado en ningún testimonio, salvo una señora mayor que vendía diarios”, afirmó.

El abogado cuestionó especialmente el valor que se le habría otorgado a ese testimonio y sostuvo que, cuando tomaron contacto con la señora descubrieron que esa mujer habría tenido vínculos con integrantes de la Policía a los cuales les llevaba el periódico a diario. “Un testimonio flojito como para que la fiscal y todos los funcionarios lo hayan buscado afuera del boliche y hasta de la provincia”, cuestionó.

"No ponga ningún abogado"

Sin embargo, para la querella, la investigación sobre la actuación de los funcionarios no puede limitarse a analizar una decisión puntual, sino que debe reconstruir cómo se fue conformando la hipótesis de que Sergio había salido del boliche y cómo esa premisa condicionó las medidas posteriores.

Uno de los puntos que los querellantes pretenden revisar en la causa Ávalos 2 es la relación que la fiscal Taboada mantuvo con Asunción Ávalos durante los primeros momentos de la investigación.

Aparicio afirmó que el padre de Sergio sintió que la fiscal buscaba concentrar el manejo de la investigación y recordó una frase que le habría dicho Taboada: “No ponga ningún abogado, confíe en mí”.

El abogado calificó esa situación como “el abrazo del oso” y sostuvo que, ante una desaparición, el acompañamiento legal independiente resulta fundamental para la familia. “A cualquier persona que tenga la desgracia de pasar por este suceso, que es el más traumático, la desaparición de tu hijo, yo le aconsejo poner un abogado”, afirmó.

En 2022, a sus 89 años don Asunción Ávalos recordó en diálogo con LM Neuquén: “La Policía me metió en la cabeza que se lo había llevado una viuda negra y que a los jóvenes los trasladaban a la Triple Frontera, donde los utilizaban como mulas para el contrabando”.

De acuerdo a lo relevado, lo único que figura en el expediente es una comunicación del 5 de septiembre de 2003 en la que el departamento de Seguridad Personal, que auxiliaba a la fiscalía, da cuenta: “Atento a la información que llegara a esta prevención de parte de la Dra. Sandra González Taboada, que dice entre otras cosas que ‘el joven Sergio Daniel Ávalos se encuentra con vida, está siendo utilizado como mula en la zona de la Triple Frontera, se encontraría con identidad falsa y estaría bajo amenaza de muerte’”.

Algunas particularidades para tener en cuenta sobre el viaje que se concretó es que Asunción no fue trasladado en un vehículo oficial y los fondos utilizados por la Policía salieron de una caja reservada que manejaba Jefatura con discrecionalidad, es decir, sin la necesidad de rendir cuentas.

Una sospecha que sostiene la querella de Ávalos es que a esos fondos para ejecutar la maniobra distractora se les habría sumado dinero de Las Palmas.

El horror adentro del boliche Las Palmas

Para los querellantes es cuestionable que durante 11 años no se haya profundizado suficientemente en lo que ocurría dentro del boliche Las Palmas, donde Sergio fue visto por última vez porque cuando los abogados comenzaron a reconstruir el funcionamiento del lugar encontraron repetidos episodios de violencia protagonizados por empleados del boliche.

Describió que ese material salió de “la caja negra del boliche”, un libro de actuaciones en el que quedaron asentadas las distintas actuaciones en el local. “Sabían lo que pasaba en ese boliche, golpizas, manual de tortura que implementaban y que lo pudimos descubrir en ese librito", indicó.

Según explicó, en ese registro aparecen anotaciones con fechas, nombres y episodios ocurridos durante las noches de funcionamiento del local. A partir de esos datos, los abogados comenzaron a ubicar a personas que habían sido protagonistas o testigos de esos hechos.

“Por ejemplo, 18 de mayo de 2003, evento con tal persona, una pelea. Entonces ubicamos a esas personas que figuraban y declaraban que patovicas los habían llevado a la enfermería, los cagaban a patadas”, relató. Así reconstruyeron cómo funcionaba el sistema de seguridad del boliche, "cosa que la fiscal nunca se tomó el trabajo en 11 años”, cuestionó Aparicio.

A partir de los descubrimientos sobre el horror que sucedía cada noche en Las Palmas, Aparicio fue categórico respecto de la hipótesis de los motivos por los cuales no siguieron esa línea de investigación: "nadie hace las cosas tan mal porque sí, es encubrimiento”.

Por su parte, uno de los interrogantes que consideran central es el de la videocasetera que registraba las imágenes del local. “Qué pasó con esa videocasetera esa noche, por qué dejó de grabar cuando entra Sergio, sacaron, cambiaron, ocultaron”, enumeró Aparicio como parte de los puntos que, a su criterio, deben ser investigados.

Más de 100 testimonios

Desde que ingresaron formalmente a la causa, en 2019, los abogados sostienen que fueron reformulándose distintas situaciones y aparecieron nuevos elementos para analizar. En ese proceso, indicaron, reunieron más de un centenar de testimonios.

Las declaraciones de los jefes de Seguridad Personal previstas para septiembre fueron pospuestas. Los querellantes, en tanto, avanzaron en su presentación formal dentro de la nueva causa, luego de que Asunción Ávalos firmara la documentación necesaria para otorgarles representación.

Mientras tanto, la causa principal por desaparición forzada de Sergio Ávalos que tiene entre a los 19 imputados al dueño de Las Palmas, Pedro Nardadone y su encargado, Patricio Sesnich, espera que el Tribunal de Juicio determine la fecha de inicio del debate, que podría concretarse hacia fin de año.

Para la querella, con un padre que sigue buscando justicia cerca de los 95 años ambos procesos forman parte de una misma necesidad: reconstruir qué ocurrió con Sergio aquella noche y, al mismo tiempo, establecer qué incumbencia tienen quienes tenían la responsabilidad institucional de buscarlo.