El motín en la U11, un síntoma más de la crisis carcelaria provincial

Aún sin nuevos ingresos, la situación carcelaria en la provincia no mejora y así lo dejan en evidencia los incidentes reiterados entre detenidos. Desde el Ministerio Público de la Defensa aseguran que los avances desde diciembre son pocos y no ayudan al contexto.

La defensora pública Luciana Petraglia opinó en declaraciones radiales este miércoles que el motín ocurrido entre la noche del lunes y la madrugada del martes en la U11 -que al igual que el resto de las unidades de detención de la provincia se encuentra en "cuarentena"- no es más que un síntoma de la crisis carcelaria en la provincia, caracterizada por la sobrepoblación y el hacinamiento que se vive en las unidades.

Desde el cierre de todas ellas en diciembre, lentamente se comenzó con algunas refacciones en los pabellones, lo que implica tener que trasladar a los internos allí alojados a otros espacios, contexto en el cual se dio el último conflicto, que dejó un saldo de tres heridos.

"Cuando los trasladaron, en la sala íntima había cuatro personas con las que ellos no podían convivir y a raíz de una serie de faltas de intervenciones por parte del personal policial, provocó una escalada de violencia que terminó en los hechos desafortunados que tuvieron lugar en el día de ayer", contó Petraglia.

En este sentido, opinó: "Nosotros creemos que las situaciones de violencia están en escalada hoy por hoy por el contexto carcelario que denunciamos en diciembre del año pasado y que tiene que ver con sobrepoblación, con falta de previsión en términos de poder alojar a gente que está en el mismo estadío de la ejecución de la pena y digamos que hoy no hay distinción alguna. Hay personas con salidas transitorias en los mismos pabellones que personas que están cursando una pena perpetua y esa falta de planificación y la falta concreción de las normas de la ley 24.660 provoca esas situaciones".

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Sebastian Fariña Petersen

Sobre esta misma línea, expresó que "la situación carcelaria es crítica" y que así lo demostró el cierre de las cárceles de todo el territorio provincial, que sin duda "no es una medida menor".

En ese entonces, las juezas responsables de esa decisión, Raquel Gass y Alicia Rodríguez, ordenaron al ejecutivo provincial la regularización de ciertas medidas de seguridad y el inicio de refacciones urgentes, aunque Petraglia sostuvo que desde entonces "no se observaron cambios significativos".

Entrando en detalle, indicó que de la U11 -la unidad más grande de la provincia- sólo se han recuperado dos casas de preegreso (de las seis totales) que alojan a cuatro personas cada una y que se han refaccionado dos pabellones, y cada "mudanza" de detenidos para este fin es una oportunidad para que nazca el conflicto.

Además, aseguró que "la vigencia de derechos humanos en las cárceles hoy no está garantizada" y que nada se supo del supuesto convenio con Nación para ocupar un módulo de la cárcel de Senillosa, el cual desde la Subsecretaría de Seguridad habían informado que estaba "a la firma". Desde diciembre, "no hubo una nueva comunicación con el ejecutivo" sobre soluciones a corto y mediano plazo para la situación actual.

"El panorama hoy es el mismo que en diciembre", confió la defensora.

Como ya han opinado otros actores de la Justicia, argumentó que la sobrepoblación carcelaria tiene su génesis principalmente en el cambio aplicado al Código Penal en 2014, que generó "un aumento del 80% de encarcelamiento".

"Parte de la solución tiene que ver con rever las políticas de persecución penal en la provincia y pensar en medidas alternativas de encarcelamiento, justamente para disminuir los efectos deteriorantes de la prisionización, entre ellos; la prisión domiciliaria, la no prisionización de personas condenadas por delitos menores", explicó.

Por último, resaltó: "La inflación del punitivismo nos afecta a todos, nadie está exento de ser perseguido penalmente y tener que cumplir una pena en una cárcel. Hoy más que nunca entonces, realmente pretender resolver todos los conflictos sociales con la imposición de pena es al menos peligroso para nosotros como sociedad"