Procesan con prisión preventiva a Jaime por la compra de trenes

Además, fue procesado, entre otros, el exsecretario de transporte Juan Pablo Schiavi.

El juez federal Julián Ercolini procesó hoy con prisión preventiva al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y a su exasesor Manuel Vázquez, por la compra irregular de trenes a España y Portugal entre 2004 y 2009.
Jaime fue procesado por los delitos de "peculado de bienes, administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles, y como partícipe necesario del delito de tráfico de influencias", por lo que -al igual que Vázquez- se le trabó un embargo de 100 millones de pesos.
De esta forma, el exfuncionario kirchnerista y su exasesor continuarán detenidos en el penal de máxima seguridad de Ezeiza, donde se encuentran desde el 2 de abril pasado, acusados por Ercolini del pago de sobreprecios y coimas en la compra de material ferroviario a España y Portugal a través de una docena de contratos firmados entre 2004 y 2009, por los que se abonaron más de 100 millones de euros.
Según consta en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) incorporado a la causa, en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171 por ciento, no se controló lo que adquirieron y buena parte del material no pudo ponerse en funcionamiento por ser inutilizable, por lo cual está arrumbado en depósitos ferroviarios.
Junto a Jaime, el juez también dispuso el procesamiento del exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (sucesor de Jaime en la cartera), de Ignacio Soba Rojo (un jubilado octogenario, considerado un "prestanombre") y Ricardo Testuri, quien como funcionario del área de Transporte controló el estado del material rodante que se compró a Europa.
Schiavi fue procesado por ser considerado "partícipe necesario del delito de peculado de bienes y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública".
Jaime tiene ya tres condenas (dos de ellas firmes) que se unificaron en seis años de prisión, al ser penado por administración fraudulenta de fondos que recibió la concesionaria TBA que estaba a cargo de los trenes Sarmiento, lo cual se develó cuando ocurrió la tragedia ferroviaria de Once.
Las otras dos condenas son por haber ocultado prueba en un allanamiento y por presuntas dádivas que recibió por parte de empresarios, mientras que además está procesado por enriquecimiento ilícito, causa que va camino a juicio oral y público.

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