Este lunes en Casa Rosada, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tomó la decisión de intervenir la empresa agrícola Vicentn, que desde el año pasado se encuentra en un proceso de quiebra. Además, el mandatario resolvió enviar al Congreso un proyecto de ley para la expropiación y estatización de la firma judicializada.
La iniciativa, según reveló el mandatario, surgió de una propuesta de la senadora mendocina por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti. Además, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, formó parte del equipo que trabajó en la carpeta que se enviará al parlamento en los próximos días.
Ahora, ¿qué es lo que necesita el gobierno para concretar la estatización?
El Decreto que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial solo dispone lo que el Poder Ejecutivo tiene a su alcance: la intervención de Vicentin. Al mando de esa gestión estará Gabriel Delgado quien entre 2013 y 2015 fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Lo que debe resolver el Congreso es el segundo paso: declarar a la empresa de utilidad pública y así permitir el proceso de estatización. Es algo similar a lo que se hizo con Ciccone Calcográfica, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tras el escándalo que involucró al ex vicepresidente, Amado Boudou.
Quizá el escollo más importante con el que se encuentre el oficialismo sea en la Cámara de Diputados, donde no cuenta con quórum propio. De los 129 legisladores necesarios, el Frente de Todos cuenta con 121. Es decir que tendrá que "seducir" a ocho ediles de la oposición para llevar a ese número. Los principales apuntados para engrosar la lista son los dos representantes del Frente de Izquierda de los Trabajadores y los 10 que responden a Roberto Lavagna, quien casualmente en los últimos días mantuvo un encuentro con Alberto Fernández para tratar la negociación de la deuda.
En el Senado, el escenario se avizora más sencillo: el quórum se consigue con 37 legisladores y el Frente de Todos cuenta con, al menos, 40.
En cualquier caso, para la aprobación del proyecto, el oficialismo necesitará la mitad más uno de los presentes en el recinto.
¿Cuál es la situación judicial de Vicentin?
Este tipo de procesos, además de encuadrarse en el marco de la legalidad demuestran una sólida posición política. En ese sentido, si el Frente de Todos sostiene a sus integrantes en el Congreso alineados y suma algunas voluntades que se acerquen ideológicamente a la intervención estatal, el proyecto podría salir.
El otro punto está vinculado a lo legal: en ese sentido, Vicentin es investigada por la Justicia por la supuesta fuga de capitales. Pero el delito se vería agravado en el caso que se logre demostrar que el dinero fugado, como se sospecha, haya provenido de un préstamo del Banco Nación, que en teoría era para garantizar la sustentabilidad de la firma.
Si se lograra demostrar lo mencionado en la Justicia, el Gobierno tendría el camino allanado para una expropiación y estatización sin mayores trabas. Desde el oficialismo deberán justificar la medida anunciada por el Presidente antes que haya un veredicto. Ese, quizá, sea uno de los escollos más duros que deberá afrontar en la opinión pública.
En total, se estima que la deuda de la compañía asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola.
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