Sancionaron por amplia mayoría el acuerdo con los fondos buitre

El Senado sancionó esta noche la ley que habilita el pago a los holdouts y fondos buitres con una holgada mayoría de 54 votos a favor y 16 en contra, luego de un debate que se extendió durante más de 13 horas.

El oficialismo sumó a sus 15 votos propios los del bonaerense Jaime Linares (GEN), los tres senadores del interbloque UNA, la salteña Cristina Fiore, el riojano Carlos Menem, los siete senadores del Interbloque Federal y 26 de los 42 legisladores del PJ-FPV.

Los 16 votos en contra fueron todos del ala kirchnerista más dura del bloque PJ-FPV.

El debate tuvo como eje central de los argumentos a favor la existencia de una sentencia judicial firme en contra de la postura Argentina y la necesidad de volver a los mercados internacionales de crédito para "financiar obras de infraestructura".

En tanto, los senadores que se pronunciaron en contra pusieron el énfasis en la hipótesis de que el Gobierno podría haber seguido negociando para lograr mejores condiciones y en el rechazo a un nuevo endeudamiento externo.

"No votamos esto para votar con los fondos buitre: lo votamos por patriotismo, de buena fe", afirmó el senador oficialista Federico Pinedo, quien sostuvo además que "para que los buitres no sigan con este juego del reloj de taxi que sigue corriendo hay que mostrar voluntad de pago".

Por su parte, el jefe del interbloque oficialista Cambiemos, el chaqueño Ángel Rozas, sostuvo que el acuerdo trata de "resolver un problema crucial para la Argentina que se viene".

"Puedo coincidir en que los buitres son personajes nefastos, que la sentencia de Thomas Griesa es injusta, pero tenemos agotadas todas las instancias judiciales y tenemos una sola opción, que es arreglar", agregó.

La santacruceña María Ester Labado, del PJ-FPV, defendió su dictamen de minoría en rechazo al acuerdo y en representación del sector díscolo del bloque: "En lugar de estar acordando con los fondos buitre los deberíamos estar denunciando, porque son usureros, hacen terrorismo financiero", afirmó.

También advirtió que el Gobierno "violó leyes en vigencia" al negociar con los fondos buitre, en referencia a las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, que impiden al país ofrecer mejores condiciones a los holdouts que a los bonistas que entraron en los canjes.

Por su parte, el jefe del bloque del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, señaló que su bancada votaba "en un ejercicio de libertad individual" pero ratificó que en su opinión es "fundamental resolver esta cuestión que está pendiente, con rapidez e inteligencia".

"Si no se arregla, la litigiosidad va a aumentar de una manera exponencial. Porque la realidad es que tenemos que recuperar la capacidad de pagos para pagarles a los (bonistas) reestructurados, que están esperando porque desde el 30 de junio de 2014 no cobran", señaló Pichetto, quien alertó que por ello, "si no se acuerda" podría "caerse la deuda reestructurada".

En los discursos hubo una postura intermedia planteada por los puntanos del Interbloque Federal Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, quienes votaron a favor en general, pero pidieron modificar (sin éxito) el proyecto para "incluir un artículo" que establezca que "las entidades públicas no pueden emitir deuda ni ceder jurisdicción" sin la autorización del Congreso.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo ratifica el acuerdo que selló el Gobierno de Mauricio Macri con los acreedores que quedaron afuera de los canjes de 2005 y 2010, entre ellos los fondos buitre.

En este sentido, se autoriza al Poder Ejecutivo a pagar 11.684 millones de dólares en efectivo para cerrar el litigio, que se recaudaran mediante la colocación de bonos por 12.500 millones de dólares con el fin de que el excedente pueda cubrir a los bonistas que todavía no entraron en el acuerdo.

Para cumplir con ese pago, la iniciativa deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, normas sancionadas durante el gobierno kirchnerista que impiden mejores ofertas de pago a los bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010.

Además, se prorroga la cesión de jurisdicción a los tribunales de Nueva York para dirimir futuros litigios y se crea una comisión bicameral para seguir el pago de deuda externa.

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