Patricia Maistegui está al frente de la Subsecretaría de las Mujeres, que depende del Ministerio de Ciudadanía. Además, integra la comisión contra la trata de personas, conformada por diversos representantes del Gobierno.
Desde su militancia en la Fundación Irene, Maistegui sostiene una postura abolicionista, es decir, aquella que considera que la prostitución y la trata de personas son otra forma de violencia hacia las mujeres.
En este sentido, sostuvo que la actividad sexual no es un trabajo porque fomenta la explotación hacia otra persona. “Hay que pensarlo como un negocio, en el sentido de que lo que se compra y se vende es el cuerpo de las mujeres”, graficó.
Sobre la postura que busca regular la actividad, Maistegui argumentó que es inconstitucional y una contradicción en sí misma, ya que “avala la violencia hacia las mujeres a través del consumo de la prostitución”.
Consideró que hubo avances en materia de legislación, como las ordenanzas que impiden la habilitación de los prostíbulos, aunque reconoció que los lugares de consumo de sexo cambian sus nombres para conseguir la habilitación comercial.
Aseguró que el Estado tiene que dar una respuesta más efectiva en el rescate y contención de las víctimas de trata a través de la creación de programas y proyectos basados en los deseos, capacidades y necesidades de cada persona.
En este punto, resaltó la firma del convenio con Observa La Trata, sobre el cierre del congreso que se realizó a comienzos de mayo, para lograr un seguimiento más exhaustivo de las víctimas. También mencionó que el año pasado comenzaron con una serie de seminarios -que continuarán en los próximos días- que funcionan como una herramienta para luchar contra este delito.
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