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La Mañana Mascardi

Villa Mascardi: verifican los daños causados por usurpadores

El Juzgado Federal mueve causas de Villa Mascardi y prepara una constatación en un lote usurpado. Además ampliarán el operativo de seguridad en esa región.

Mientras que el gobierno nacional ultima detalles para implementar un nuevo plan de seguridad en Villa Mascardi, el Juzgado Federal de la ciudad lacustre planifica una diligencia para verificar los daños que causó la agrupación autodenominada mapuche en uno de los lotes usurpados.

El Ministerio de Seguridad de la Nación junto a la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro trabajan a la par para poner en marcha un nuevo sistema de cámaras en la zona caliente del conflicto, donde la agrupación mantiene la ocupación de tres lotes, dos de ellos de organismos públicos.

El monitoreo de las imágenes que emitan los ocho dispositivos que se van a instalar – cinco de ellos a cargo del gobierno rionegrino- estará a cargo de Gendarmería Nacional, que tendrá acceso al sistema desde las instalaciones del Escuadrón 34.

La puesta en funcionamiento de los equipos será posterior a una constatación que solicitó la fiscal federal Silvia Little en el predio de Gas del Estado, donde los encapachados se instalaron a mitad de año.

En el sitio hay una cabaña destruida por un incendio intencional que se adjudicaron los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu, otro edificio con un árbol derribado adrede sobre el techo y otra estructura en pie, donde permanecen los encapuchados.

“El objetivo es constatar los daños que fueron denunciados en mayo de este año” señalaron a este medio fuentes de la causa, quienes aseguraron que la diligencia estaba prevista para el lunes pasado aunque se postergó por razones poco claras.

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Los funcionarios judiciales contarán con el acompañamiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) aunque Gendarmería Nacional también podría intervenir, ya que semanas atrás arribó a la ciudad un grupo especializado en situaciones de conflicto.

El predio vacacional de Gas del Estado es lindero al del obispado de San Isidro, que también es ocupado por los mismos encapuchados, sobre el cual hay una medida judicial vigente de desalojo dispuesta por el juez de garantías Martín Arroyo. No obstante este viernes hay una audiencia por la apelación de la decisión judicial, por parte del abogado defensor de los encapuchados, Nelson Vigueras.

A fines de agosto, la comunidad mapuche denunció que fue blanco de un ataque “a tiros” de parte de desconocidos que estaban apostados en el predio de Gas del Estado. A partir de ese ataque, que denunciaron a través de sus redes sociales, anunciaron la “necesidad y urgencia” de avanzar en la ocupación del territorio hacia otras tierras de jurisdicción nacional, haciendo referencia puntualmente al predio en cuestión.

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