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Bertoya aseguró que los usurpadores del Chañar vienen de otros municipios

El intendente de la localidad afirmó que la proporción entre los ocupantes de afuera y los locales es de 7 a 3.

El intendente de San Patricio del Chañar, Leandro Bertoya, expresó su preocupación por la inacción de las fuerzas de seguridad frente al avance en una usurpación de los últimos terrenos urbanos que existen en la localidad. Se trata de un predio de 37 hectáreas que pertenece a un particular y que estaba próximo a ser loteado, pero que fue ocupado hace 15 días por un grupo de 12 familias.

Con el correr del tiempo, la toma avanzó y el jefe comunal estimó que la mayoría de los ocupantes provienen de otras localidades. "Hay un movimiento político, con ex concejales que están trayendo gente de Vista Alegre, de Centenario o de Añelo", se quejó Bertoya.

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Según afirmó el titular del Ejecutivo de esa localidad, la proporción entre los que provienen de otros municipios y los ocupantes locales es de 7 a 10, y cada vez son más los que alertan la inacción del Estado y se animan a ocupar el terreno.

El jefe comunal aclaró que las tierras son colindantes al área urbana del Chañar y cercanas al río. Pertenecen a un particular y la gestión anterior a su mandato había aprobado su loteo, para desarrollar 600 terrenos. Sin embargo, como existe una demanda de 828 familias de la localidad que esperan sus lotes, la gestión actual inició un proceso de rediseño para incrementar el número de parcelas, sumar una costanera y agregar más espacios públicos al desarrollo urbanístico.

Bertoya aclaró que algunos ocupantes pertenecen a estas 828 familias que ansían por un lote en la localidad. Sin embargo, explicó que la mayoría son de otras localidades y fueron acercados a la toma por parte de ex dirigentes políticos. "No hay nadie permanente, pero van y vienen todo el tiempo", detalló.

Según explicó, se trata de un grupo de usurpadores que ya han tomado viviendas de particulares y hasta una casa destinada al personal de salud pública en el pasado, y que ahora pusieron el foco en estos terrenos ociosos. "Son personas que tienen prontuario policial", afirmó.

Aunque aclaró que la situación afecta a la Municipalidad, aclaró que el problema excede las facultades del gobierno local. Aunque enviaron notas al Ministerio de Seguridad, la Policía y la Jefatura de Gabinete, la única presencia de las fuerzas de seguridad se da con una guardia formal cerca de los terrenos, pero no a través de una orden de desalojo.

"Es una gran tristeza para las familias, porque se les quita la posibilidad de tener su terreno como dicta la ley, y para la ciudad, que pierde la oportunidad de hacer el último desarrollo urbano posible", dijo Bertoya y aclaró que existen ordenanzas que prohíben la urbanización del suelo agrario, por lo que no hay más terrenos que puedan ser loteados.

En ese contexto, reclamó que las autoridades provinciales hagan cumplir las normas establecidas en la Constitución Nacional, para permitir que se avance con este plan urbanístico que prometía una solución habitacional para más de 800 familias.

"De este modo, es imposible que el privado avance con la provisión de servicios", dijo y agregó: "La Municipalidad no tiene plata para generar los servicios porque ya tiene comprometidas obras para brindárselos a unas 500 familias de otro sector".

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