El doble femicidio en Las Ovejas llegó a un organismo internacional

En el marco del Día Internacional de la Mujer y a más de cinco años del doble femicidio en Las Ovejas de Karina y su hija Valentina Apablaza, los familiares de las víctimas redoblaron el pedido de justicia, responsabilizaron al Estado neuquino y a sus instituciones por la falta de protección y contaron que el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Desde 1965 fue autorizada para recibir y procesar denuncias y peticiones de casos individuales, instancia que pueda dar paso a la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal, conformado por siete jueces de reconocida idoneidad, es la última instancia de supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los Estados como firmantes de tratados de derechos humanos. Cabe destacar que, en Argentina, dichos tratados tienen rango constitucional. Es decir, que -jerárquicamente- están por encima de todo el ordenamiento jurídico de nuestro país. Junto con la Constitución Nacional son la Ley Suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico.

"Queremos anunciar que la denuncia efectuada en el año 2019 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ingresado a etapa de admisión y fue trasladada al Estado Argentino para que conteste ante nuestra denuncia", reza un pasaje del comunicado lanzado en el marco del 8M, firmado por el hermano y tío de las víctimas, Miguel Apablaza y Laura Durán (su pareja), en el que remarcan que "el Estado y sus instituciones no protegieron Karina y Valentina y nada ha cambiado desde su femicidio".

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"La CIDH aceptó la denuncia que habíamos interpuesto al Estado argentino y en particular al Estado provincial de Neuquén por los incumplimientos en el tratamiento del femicidio de Karina y Valentina y ahora tiene tres meses para contestar nuestros planteos. Nosotros denunciamos los incumplimientos a la Convención Interamericana de Belem Do Pará (para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer) en cuanto a derechos que surgen de la misma como celeridad en el tratamiento de este tipo de cuestiones y el acceso a la justicia También marcamos la responsabilidad del Estado por no haber hecho lo suficiente para protegerlas. Si lo hubiera hecho, hubiera podido salvar sus vidas", enfatizó la abogada de la familia, Gisela Moreira, en declaraciones con Radio Calf.

La letrada agregó que la denuncia incluye las deficiencias en la investigación del caso. "Recordemos que en principio la fiscalía había entendido que el femicida de Karina y Valentina, Lorenzo Muñoz, estaba prófugo en Chile. Estuvo 23 días realizando una búsqueda para luego encontrar el cadáver a escasos metros del lugar donde realizó el femicidio", manifestó, en alusión al hombre que mató a su ex pareja de 30 años y a su hijastra de 11 años en la calle Avenida Pedernera, a plena luz del día, el 22 de febrero de 2018.

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Cabe destacar el 3 de noviembre de 2017 Muñoz había sido imputado por el delito de abuso sexual a la niña. En ese marco se le impuso como medida cautelar la prohibición de acercamiento tanto a Karina como a Valentina, medida que incumplió reiteradamente. Karina expuso estas desobediencias en la comisaría. Dijo: “quiero dejar asentado que si me llega a pasar algo a mi o a mi hija, el único responsable va a ser Lorenzo.” Ante la citación a una audiencia el hombre asesinó en plena vía pública, el 22 de febrero de 2018, a la joven y a la niña.

Por su intervención en los hechos previos al doble femicidio fueron acusados de mal desempeño de sus funciones, y enjuiciados, juez civil, Carlos Choco y al fiscal de Chos Malal Ricardo Videla. La sanción fue la suspensión por sesenta días, sin goce de haberes, del primero, y la remoción del cargo del segundo.

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La familia siempre vio inconsistencias en la investigación, en cómo se desarrollaron los hechos y en la información que le fue brindando la justicia, sobre todo la fiscalía. Toda la parafernalia que se utilizó en ese momento... recordemos que se bajaban helicópteros en Las Ovejas y luego el cadáver fue encontrado ahí. Todo el procedimiento fue defectuoso y la familia fue víctima de todo eso. Todo esto lo denunciamos porque nos parece importante para la investigación del femicidio de Karina y Valentina y para que se pueda rever cómo se aborda este tipo de situaciones", postuló.

Este no es el primer caso de femicidio cometido en Neuquén que llega a la CIDH. Moreira recordó que el organismo también admitió el caso de Ivana Rosales, la emblemática luchadora por los derechos de la mujer en cuyo honor se declaró, en 2018, el 6 de septiembre como el Día Provincial de la Lucha contra todas las formas de violencias hacia las Mujeres en Neuquén. Por el desarrollo del juicio contra su agresor y expareja, Mario Garoglio, se inició una demanda contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Garoglio no cumplió la pena por el intento de femicidio porque huyó. Luego, fue condenado por abusar sexualmente de sus hijas.

"Esa denuncia llegó y la Provincia ofreció crear una casa refugio en la ciudad de Plottier, pero ese acuerdo todavía está incumplido. La misma Ivana contó todo lo que tuvo que pasar y nos parece grave que ese acuerdo que la familia aceptó, todavía no esté cumplido por parte de la Provincia", lamentó.

Ivana Rosales fue encontrada muerta en su casa de Plottier.

Ivana Rosales fue encontrada muerta en su casa de Plottier.

Sebastián Fariña Petersen

Respecto a la demora en la aceptación del caso por parte de la CIDH, la abogada explicó: "Cuesta mucho porque es la receptora de todo el territorio de Latinoamérica. Cuesta que el tratamiento sea rápido y expedito. Además tiene procedimientos que son diferentes".

"De todas maneras, nos parece importante porque le brinda una contención a la familia que siempre quedó con desconfianza. La familia Apablaza tuvo diálogo con la Provincia, en su momento le prometieron la conformación de un cuerpo de abogadas y abogados para las víctimas de violencia de género y femicidio y al día de hoy no saben si está funcionando o no. Hoy vemos que muchos de los dispositivos para la protección de las mujeres están vaciados en cuanto a presupuesto. Hace falta abogados y abogadas que puedan trabajar gratuitamente, que las personas tengan acceso a una justicia inmediata, sin obstáculos y que el Estado pueda llegar antes de que suceda algo. En ese sentido, la familia advierte que los compromisos que se asumieron en nombre de Karina y Valentina aún no se cumplieron por parte de la provincia de Neuquén", concluyó.