El dueño de Garbarino complicado: le prohíben salir del país en medio de las protestas

La Justicia intervino en la grave crisis del grupo Garbarino y dispuso la prohibición de salir del país para Carlos Rosales, el dueño de la cadena líder en ventas de electrodomésticos que llegó a tener 246 sucursales y un total de 4.325 empleados.

En noviembre, Garbarino cerró sus últimos locales y echó a casi todos sus empleados (unos 1.800), a los que les debía seis meses de salarios. Este lunes, muchos de ellos realizaron una nueva marcha en el Puente Pueyrredón, en reclamo por sueldos e indemnizaciones impagas.

"Esta protesta la hacemos porque hace nueve meses que no cobramos nuestro sueldos, acá somos cuatro mil trabajadores y no tenemos qué llevar a nuestra familias para subsistir", dijo a Télam Domingo Fernández, vocero de los trabajadores desocupados de Garbarino.

La semana pasada, el titular del Juzgado en lo Comercial 7, Fernando D'Alessandro, habilitó el concurso de acreedores para que la empresa pueda renegociar una deuda que roza los $ 28.000 millones. El magistrado solicitó personal adicional para afrontar los reclamos de cientos de acreedores (1.260 de Garbarino y 410 de Compumundo) y de 3.860 empleados, que en su gran mayoría fueron despedidos sin cobrar indemnización.

Con el concurso preventivo, Rosales evita la quiebra directa. No obstante, en el mercado creen que la cadena y todas sus unidades de negocio tienen las horas contadas. Es que los activos que Rosales estimó (poco más de $ 14.000 millones) no alcanzan para saldar el grueso de la deuda: $ 25.400 millones de Garbarino y $ 2.315 millones de Compumundo. Básicamente, estos son los números que el grupo presentó en la Justicia y que deben ser corroborados por síndicos, peritos y expertos contables. De hecho, el único bien propio acreditado es una flota de 5 autos.

En la Justicia estiman que el concurso llevará varios años. El cronograma concursal establece en primer lugar la verificación de las deudas por parte de los acreedores. Luego se abre un período para presentar propuestas de reestructuración y eventuales quitas, que se resuelven por votación mayoritaria. El fisco y los trabajadores, por caso, tienen prioridad para cobrar si se liquidan los bienes.

El panorama se complica con otras adquisiciones de Rosales. En enero de este año, el empresario compró Radio Continental y sus dos FM (Los 40 y Urbana Play) al grupo español Prisa. Desde 2017, es dueño un hotel en Misiones, el restaurante Schiaffino Bistró en la Recoleta y de la aseguradora Prof que tiene varios problemas con la Superintendencia de Seguros de la Nación. En octubre de este año se le inhibieron los bienes a la aseguradora y posteriormente se le prohibió emitir nuevas pólizas.

En medio del desmoronamiento de su imperio, la semana pasada Rosales anunció que renunciaba como tesorero de San Lorenzo, cargo al que llegó de la mano de Marcelo Tinelli.